Jacqueline Tapullima: Pericia concluyó que firma fue falsificada

Una pericia de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinó que la firma consignada en la declaración jurada de la diputada de Juntos por el Perú, Jacqueline Tapullima, es falsa. La investigación reveló que la falsedad en declaración jurada se suma a un peritaje previo sobre la impronta dactilar que acreditó que el documento presentado para su postulación fue presuntamente fraguado por un tercero.

El peritaje oficial de la PNP comparó los trazos, bordes y curvas de las firmas auténticas de la legisladora con el documento presentado para la inscripción de su candidatura. De acuerdo con las conclusiones del análisis gráfico, los peritos policiales identificaron un total de nueve diferencias estructurales, lo que llevó a concluir formalmente que la diputada no llenó de puño y letra la declaración jurada que hizo posible su acceso a la representación parlamentaria.

Peritaje de la PNP determina falsificación gráfica en inscripción electoral

El análisis técnico sobre la documentación electoral demostró irregularidades sustanciales en el expediente de inscripción presentado por la parlamentaria. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional del Perú, la comparación entre las firmas originales y la rúbrica cuestionada evidenció discrepancias anatómicas en la ejecución del trazo. La conclusión de los peritos de la PNP señaló de forma explícita que la firma analizada no pertenece a la titular del despacho.

Este hallazgo técnico complementa el resultado del análisis dactiloscópico realizado anteriormente a la misma declaración jurada. Según la investigación, la prueba sobre la huella dactilar estableció de manera previa que la impresión de la yema digital estampada en el papel no correspondía a la candidata. La convergencia de ambos peritajes confirmó que tanto el registro gráfico como la huella fueron suplantados durante el proceso de inscripción.

Frente a los requerimientos de la prensa sobre los resultados de las pericias policiales, la diputada se limitó a señalar que esperará el avance del proceso. Según declaró la parlamentaria en los pasillos de la sede legislativa: "Se ha avanzado en la investigación y su firma se ha determinado que no le pertenece, diputada. ¿Cómo ingresó a postular? Has bien tu información. [...] Entonces voy a seguir esperando el proceso hasta dónde avanza". Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación por la presunta comisión del delito contra la fe pública.

Investigación sobre presunta trabajadora encubierta en el despacho parlamentario

En forma paralela a las indagaciones por presunta falsedad en su postulación, se detectaron irregularidades operativas en la oficina que ocupa la legisladora en el sexto piso de la sede del Congreso de la República. De acuerdo con los registros de acceso e imágenes obtenidas, la abogada Karolyn Lourdes Bracamonte Valle ingresó al despacho parlamentario en 27 oportunidades desde el mes de agosto, acumulando un total de 105 horas con 41 minutos de permanencia en el lugar.

La exasesora del despacho, María Pinedo, confirmó que Bracamonte Valle realizaba funciones propias del personal contratado sin figurar en la planilla institucional. Según indicó la exfuncionaria: "Desde el momento que nosotros llegamos a ese despacho, el señor asesor 2, dijo que iba a ir una abogada a dar los servicios, a apoyar al despacho. Inclusive eso, yo le he comentado a la diputada en su debido momento que eso no se debía hacer [...] Entraba en horarios laborales, se quedaba y luego se retiraba también inclusive después del horario de trabajo que son 5 de la tarde".

Asimismo, comunicaciones por WhatsApp del 2 y 19 de octubre mostraron que la abogada coordinaba la redacción de oficios y la revisión de proyectos de ley con el personal formal de la oficina. En una de las conversaciones escritas se lee la instrucción de Bracamonte Valle: "Somos un equipo y el producto final no es personal es de todos para la diputada", lo que evidencia su intervención directa en las labores legislativas diarias.

Implicancias legales por usurpación de funciones y faltas al reglamento

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostuvo que el ingreso constante de personal no contratado constituye un presunto delito contra la fe pública y un abuso de autoridad por parte de la congresista. De acuerdo con el especialista, enmascarar la presencia de un trabajador bajo la condición de visitante vulnera la transparencia institucional y contraviene el reglamento interno del Poder Legislativo, el cual prohíbe el empleo de personal ad honorem dentro de las instalaciones del Parlamento.

Por su parte, el abogado penalista Percy Sota indicó que la intervención de terceros no registrados en la elaboración de documentos públicos configura el presunto delito de usurpación de funciones. De acuerdo con el análisis del penalista, este tipo de prácticas suele darse bajo promesas informales de contratación futura o para suplir deficiencias técnicas del personal asignado a la planilla formal, la cual en este despacho incluye a siete trabajadores con sueldos de hasta 10 mil soles.

Consultada por las labores de Bracamonte Valle y por las imágenes que registran al técnico de su despacho, Luis Cachique, durmiendo en horario laboral, la diputada evitó brindar explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de su equipo. Según respondió la parlamentaria: "Si quieres información de personal que trabajen en mi despacho, puedes solicitarlo en el Congreso [...] Haga su investigación".

En tanto, vía mensajes de WhatsApp, Karolyn Bracamonte confirmó que no pertenece al despacho y afirmó que sus intervenciones obedecían a sugerencias formuladas por la relación de amistad que sostiene con la legisladora.