Diputados de Juntos por el Perú y Obras se unen para pedir amnistía

La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que propone conceder amnistía a personas investigadas, procesadas o condenadas por determinados hechos vinculados a la crisis política y social registrada en el país desde el 28 de julio de 2021, incluidos los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y las posteriores protestas sociales.

La iniciativa legislativa fue ingresada este viernes 30 de octubre, a las 2:02 p. m., ante la Cámara de Diputados. El documento, de 28 páginas, plantea establecer una amnistía para hechos relacionados con la crisis política, así como garantizar los derechos de las víctimas.

El proyecto cuenta con las firmas de integrantes de Juntos por el Perú, entre ellos Svieta Fernández, Catherin Palomino, Ernesto Zunini y César Tito Rojas. A la iniciativa también se sumaron diputados de Obras, como Víctor Piñán, Henry Albañil, presidente de la Comisión de Ética, Jenny Samanez y Andrea Medina Stein.

Alcances del proyecto de amnistía

De acuerdo con el artículo 1, la iniciativa busca conceder amnistía por hechos vinculados a la crisis política y social desde julio de 2021, comprendidos en los capítulos II y III del proyecto.

El documento señala que la medida tendría carácter general y podría aplicarse a personas investigadas, procesadas o condenadas, independientemente de la etapa en la que se encuentre su situación judicial, siempre que los hechos estén comprendidos en los alcances de la norma.

Asimismo, establece que la amnistía podría extinguir la acción penal o la pena, según corresponda, y alcanzar procesos en distintas etapas, desde las diligencias preliminares hasta la ejecución de sentencias.

La bancada sostiene que la propuesta busca contribuir a la pacificación y reconciliación nacional, además de garantizar que el derecho penal no sea utilizado para sancionar el ejercicio de derechos fundamentales como la reunión pacífica, la libertad de expresión y la participación política.

Amnistía por hechos del 7 de diciembre de 2022

Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas que derivaron en su detención.

El capítulo II propone conceder amnistía por actos previos, preparatorios y relacionados con la elaboración, redacción, lectura, difusión y ejecución administrativa del discurso pronunciado por Castillo en esa fecha.

El artículo 5 señala que la medida comprendería a todas las personas que hayan intervenido en los hechos descritos, independientemente de su grado de autoría o participación y de su situación procesal.

Por su redacción, la propuesta podría alcanzar al expresidente Pedro Castillo, aunque su eventual aplicación dependería de que se apruebe la ley y de la evaluación de los hechos comprendidos en sus disposiciones.

Delitos incluidos y excluidos de la propuesta

El capítulo III contempla una amnistía para determinados hechos relacionados con protestas, movilizaciones, marchas, paros, huelgas y bloqueos de vías registrados durante el periodo establecido.

Entre los delitos mencionados figuran disturbios, entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad sin lesiones graves, daños, usurpación y determinadas modalidades de extorsión relacionadas con acciones de protesta.

También incluye supuestos de apología, organización criminal y delitos de peligro común, bajo las condiciones señaladas en el proyecto.

Sin embargo, la iniciativa establece exclusiones. El artículo 6 señala que no quedarían comprendidos hechos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios dolosos, lesiones graves dolosas, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.

Aplicación de la amnistía y trámite legislativo

El proyecto establece que la amnistía podría aplicarse de oficio o a solicitud de parte, según la etapa del procedimiento judicial.

De aprobarse, las autoridades competentes tendrían que evaluar cada caso conforme a los alcances de la norma. La propuesta también contempla efectos penitenciarios para las personas beneficiadas, incluida su excarcelación cuando corresponda y siempre que no exista otra orden de detención.

Asimismo, precisa que la amnistía no extinguiría la responsabilidad civil frente a terceros agraviados y que deben mantenerse las garantías de las víctimas para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.