JNE evaluará apelación sobre inhabilitación de Martín Vizcarra
El Jurado Nacional de Elecciones programó una audiencia pública virtual para revisar la apelación presentada por Perú Primero sobre el retiro del expresidente del padrón de afiliados.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el jueves 6 de junio, a las 9:30 a.m., una audiencia pública virtual para analizar el recurso de apelación presentado por el partido Perú Primero.
La apelación impugna la resolución que retiró la afiliación del expresidente Martín Vizcarra del registro oficial de partidos políticos.
La decisión fue comunicada tras la ejecución de la inhabilitación por diez años que el Congreso impuso al exmandatario, y que fue aplicada por la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) el pasado 3 de abril.
Esta acción se enmarca en la aplicación de una resolución legislativa que inhabilita a Vizcarra de ejercer cargos públicos, lo cual también se extiende, según interpretación jurídica vigente, a su participación en organizaciones políticas.
Argumentos del retiro del padrón
El retiro de la afiliación se sustenta en un fallo del Tribunal Constitucional, el cual señala que los ciudadanos inhabilitados no pueden formar parte de partidos políticos. La solicitud fue presentada por el exconsejero regional Luis Miguel Caya.
La DNROP ejecutó la inhabilitación no solo contra Vizcarra, sino también contra el exministro Víctor Zamora y el excongresista Freddy Díaz. Todos ellos fueron retirados del padrón de afiliación, conforme al marco legal actual.
Cabe recordar que el Congreso aprobó esta sanción contra Vizcarra en el año 2021, por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como gobernador regional de Moquegua.
Contexto legal y otras sanciones
El expresidente enfrenta múltiples procesos políticos. En abril de este año, el Parlamento no alcanzó los votos necesarios para imponer una nueva sanción por la disolución del Congreso en 2019.
De haberse aprobado esa inhabilitación, habría sido la tercera que recaía sobre él, extendiendo la restricción hasta el año 2035.
La segunda fue aprobada en mayo de 2022, por presuntos vínculos con empresas privadas cuando lideraba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.