José Luis Gargurevich: Gastos superfluos en ministerios reflejan una preocupante falta de control interno

El director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, cuestionó los gastos considerados superfluos realizados en diversas entidades del Estado y advirtió que este tipo de compras evidencian una preocupante normalización de prácticas que vulneran los principios de austeridad y el adecuado uso de los recursos públicos.

En entrevista con Canal N, sostuvo que el problema trasciende posibles vacíos normativos y responde, principalmente, a una cadena de decisiones en la que ningún funcionario advirtió sobre la inconveniencia de autorizar adquisiciones que no responden a necesidades prioritarias de la administración pública.

"Lo que me sorprende es la naturalización dentro de estas entidades. Nadie alertó que estos gastos afectan la austeridad del Estado", afirmó.

El director de Proética sostuvo que la principal preocupación es que este tipo de casos termine únicamente generando indignación pública sin consecuencias para los responsables.

Por ello, pidió que las oficinas de control interno emitan las recomendaciones correspondientes y que los titulares de cada entidad apliquen las sanciones administrativas que correspondan.

Además, señaló que la Contraloría General de la República debe realizar controles aleatorios y fortalecer la supervisión del gasto público.

Advierte fallas en los controles internos

Gargurevich señaló que las propias oficinas de control interno de los ministerios debieron detectar este tipo de gastos antes de que fueran ejecutados. Asimismo, indicó que resulta preocupante que situaciones de esta naturaleza ocurran en ministerios, pues ello podría reflejar una realidad aún más compleja en gobiernos regionales y municipalidades.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización preventiva y aplicar sanciones cuando se determinen responsabilidades.

Riesgo de favorecer a determinados proveedores

Gargurevich explicó que muchas de estas contrataciones, al realizarse por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), no requieren un procedimiento de licitación pública.

Sin embargo, precisó que ello no libera a las entidades de justificar que el precio contratado corresponde al valor de mercado. Advirtió que esa modalidad puede abrir espacio a eventuales riesgos de corrupción si determinados proveedores reciben ventajas sin un adecuado proceso de comparación de ofertas.

"No solo está en juego el mal uso del recurso público, sino también la posibilidad de estar generando ventajas indebidas para determinados proveedores", indicó.

El director ejecutivo de Proética sostuvo que la información sobre las contrataciones públicas debería ser más accesible para la ciudadanía, permitiendo conocer con claridad cómo se seleccionan los proveedores y bajo qué criterios se realizan las adquisiciones.

Consideró que una mayor apertura de datos facilitaría el control ciudadano y la detección temprana de posibles irregularidades.

"No estamos para privilegios"

Respecto a compras como kits antiestrés, polos institucionales, servicios de manicure o mobiliario de alto costo, Gargurevich sostuvo que ese tipo de adquisiciones no responden al contexto que enfrenta el país.

Indicó que, si bien las entidades pueden realizar mejoras en infraestructura o adquirir bienes necesarios para su funcionamiento, estas decisiones deben estar debidamente justificadas y responder a criterios de eficiencia y austeridad.

Finalmente, exhortó a que las investigaciones concluyan con responsabilidades concretas. "Lo peor de estos casos es la impunidad. La ciudadanía necesita sentir que estas inconductas tienen consecuencias y que nadie se sale con la suya", concluyó.