Ministro Julio Díaz: “Emergencia en la Policía era necesaria”

Entre las propuestas técnicas se plantea la implementación de un software de geolocalización, herramienta que permitiría identificar zonas de alta incidencia delictiva y orientar estratégicamente la presencia policial
En respuesta a la creciente ola de criminalidad, el Congreso de la República aprobó la declaratoria de emergencia por 180 días para la Policía Nacional del Perú (PNP), medida que busca fortalecer operativamente a la institución y dotarla de herramientas adecuadas para enfrentar la inseguridad en el país.
La ley fue respaldada por el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, y fue calificada como una “necesidad urgente” frente a la limitada capacidad logística y operativa de la PNP. “Claro que tenía que salir esta ley de emergencia, era urgente y necesaria”, sostuvo.
El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, consideró que esta norma permitirá agilizar los procesos de adquisición de equipamiento para la policía, como armamento, chalecos antibalas, vehículos y patrulleros.
"Es lo que normalmente reclama la población frente a la ausencia policial en determinadas zonas", explicó Rodríguez.
Asimismo, el exministro subrayó que la Contraloría General de la República debería participar de este proceso de emergencia para garantizar la transparencia y evitar eventuales irregularidades en la gestión de los recursos.
Como parte del plan de fortalecimiento, también se ha propuesto una medida extraordinaria de pase al retiro para oficiales y suboficiales vinculados a actos al margen de la ley. Esta medida se enmarca dentro de un proceso de depuración interna que busca limpiar la imagen y funcionamiento de la institución policial.
Inversión en inteligencia estratégica
Para el general en retiro Alberto Jordán, es necesario que el Estado invierta con urgencia en inteligencia estratégica. “Yo le diría al presidente que levante el teléfono y llame a uno de los países con mejor tecnología en inteligencia, como Estados Unidos, Israel o Alemania”, señaló.
Asimismo, criticó el abandono de sistemas clave como el denominado 105, hoy considerado obsoleto y desactivado en varias gestiones ministeriales.
En ese contexto, la institución policial cuenta con un plazo de 90 días para elaborar un diagnóstico integral que permita sustentar una reforma estructural de fondo. Esta deberá contemplar desde la reorganización interna hasta la implementación de tecnologías para mejorar la respuesta ante el crimen.
Entre las propuestas técnicas se plantea la implementación de un software de geolocalización, herramienta que permitiría identificar zonas de alta incidencia delictiva y orientar estratégicamente la presencia policial.
El proceso será supervisado desde el Congreso, pero se requiere de coordinación multisectorial para que la declaratoria de emergencia no se quede en el papel.
En medio de extorsiones, sicariato y asaltos cada vez más violentos, la ciudadanía demanda resultados concretos que devuelvan la confianza en las fuerzas del orden.