Julio Rodríguez: investigación podría alcanzar a jefe de ONPE

Tras la detención del exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Edilberto Samamé Blas, el abogado penalista Julio Rodríguez sostiene que investigación penal puede incluir al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

En entrevista con Canal N, el especialista precisó que la responsabilidad penal no se limitaría a funcionarios operativos, sino que podría alcanzar a niveles superiores dentro de la institución. En ese contexto, no descartó que se investigue al jefe de la ONPE bajo la figura de autor mediato.

“El derecho penal permite sancionar al ‘hombre de atrás’, es decir, a quien tenía el control del proceso y la obligación de garantizar su correcto desarrollo”, afirmó.

Advierten posibles delitos tras fallas en ONPE

Julio Rodríguez advirtió que las fallas en la distribución del material electoral podrían derivar en investigaciones por delitos graves. Calificó la jornada electoral como “absolutamente inusual”, debido a los retrasos registrados en la instalación de mesas de sufragio a nivel nacional, incluidos varios distritos de Lima.

Según explicó, uno de los factores determinantes habría sido la deficiente logística en el traslado del material electoral. Rodríguez indicó que, de acuerdo con información preliminar, en procesos anteriores se habrían utilizado hasta 800 vehículos para la distribución, mientras que en esta ocasión la cifra no habría superado los 150, lo que generó un evidente déficit operativo.

“El problema logístico era previsible. Si no se contaba con la capacidad suficiente, el retraso en la instalación de mesas era inevitable”, sostuvo.

El penalista también cuestionó la contratación de la empresa encargada del transporte, señalando que, según información pública, no contaría con la capacidad necesaria ni el historial adecuado para asumir un proceso de esta magnitud. En ese sentido, advirtió que esta decisión podría ser investigada por un presunto “amañamiento” en la contratación.

“Estamos frente a la posibilidad de delitos como colusión desleal, peculado o concusión, que deberá evaluar la Fiscalía Anticorrupción”, explicó.

Además, Rodríguez mencionó que podría aplicarse el artículo 359 del Código Penal, referido a los atentados contra el derecho de sufragio, si se comprueba que las fallas logísticas afectaron el ejercicio del voto ciudadano. Este delito contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.

Detención de Samamé Blas

Respecto a la detención de Samamé Blas, Rodríguez consideró que la medida es pertinente, ya que permitiría asegurar documentación e información clave sobre la contratación y ejecución del servicio logístico. Asimismo, indicó que la intervención se sustenta en una posible situación de flagrancia.

El abogado también cuestionó la falta de diligencia en la verificación de la empresa contratada, señalando que las entidades del Estado tienen la obligación de evaluar la capacidad técnica y antecedentes de sus proveedores.

“Si un periodista puede identificar rápidamente que la empresa tenía sanciones, con mayor razón debió hacerlo la entidad contratante”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez subrayó que este caso no solo tiene implicancias penales, sino también administrativas y políticas, por lo que no se descarta la intervención de entidades como la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia.