Julio Rodríguez: "Si Corvetto ocultó pasaporte, hay delito"

El abogado penalista Julio Rodríguez analizó el escenario legal que enfrenta el exjefe de la ONPE tras su renuncia. Según el jurista, la salida del cargo no detiene las investigaciones administrativas ni penales, especialmente aquellas que buscan determinar si existió una voluntad deliberada de entorpecer el proceso electoral o si el funcionario brindó información falsa sobre su nacionalidad ante el Ministerio Público.

Implicancias penales tras la renuncia de Piero Corvetto

El abogado señaló que, aunque Corvetto ya no ocupa el cargo, el procedimiento administrativo sancionador en la JNJ debe continuar y podría derivar en una inhabilitación para ejercer la función pública. Respecto a la entrega voluntaria del pasaporte peruano a la fiscalía, el abogado calificó la medida como "puramente lírica", debido a que Corvetto tiene condición de testigo y no de investigado. Sin embargo, advirtió que, si se confirma que el exjefe de la ONPE negó tener un pasaporte adicional (italiano) durante una diligencia, se habría incurrido en el delito de falsa declaración en un proceso.

Investigación por presunto dolo en el proceso electoral

Rodríguez enfatizó que las investigaciones del Ministerio Público son fundamentales para determinar si existió dolo o una intención ex profeso de entorpecer el proceso electoral para perjudicar a determinados candidatos.

Sostuvo que, de acreditarse que las fallas logísticas y la falta de distribución de material no fueron errores administrativos sino decisiones internas, se configuraría un delito contra el derecho al sufragio. El jurista mencionó que la resistencia de la ONPE a entregar información detallada a la Contraloría es un indicador de irregularidades que no parecen aisladas.

Alcance de las investigaciones a otros funcionarios

El análisis legal también abordó la situación de otros funcionarios de la ONPE que están bajo la lupa del Ministerio Público, como José Zamamé y Juan Fang. Rodríguez señaló que las responsabilidades penales podrían alcanzar a diversos niveles del organismo si se demuestra la instrumentalización del sistema para impedir el voto ciudadano.

Finalmente, destacó que la JNJ ha solicitado información sobre la contratación de trabajadores extranjeros, un punto que suma a los cuestionamientos sobre la transparencia de la elección de la primera vuelta.