Juzgado ordena levantar secreto bancario en caso Qali Warma

El trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de las empresas Frigo Inca y Sociedad Ganadera Calipuy, como parte de las diligencias por el caso Qali Warma, informó el Ministerio Público.

La medida fue declarada fundada tras el requerimiento del noveno despacho transitorio de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. El objetivo es acceder a información financiera y tributaria relevante para el avance de la investigación, la cual busca esclarecer el uso de estas empresas en presuntos esquemas de sobornos.

Acceso a información financiera y fiscal desde 2020

El juzgado dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicite a todas las entidades financieras —bancos, cajas municipales y otras instituciones— los detalles de cuentas bancarias, transferencias, depósitos, remesas y demás operaciones realizadas por ambas empresas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) deberá remitir información sobre el Registro Único de Contribuyentes, declaraciones juradas anuales, órdenes de fiscalización, y otros registros fiscales relacionados al mismo periodo.

Estas medidas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres días, y la información deberá ser canalizada a través de la SBS para su posterior envío al juzgado dentro de un plazo no mayor a diez días.

Empresas vinculadas a Nilo Burga bajo investigación

Según el Ministerio Público, tanto Frigo Inca como Sociedad Ganadera Calipuy habrían estado bajo el control directo o indirecto de Nilo Burga y su entorno, presuntamente utilizadas como parte de una red de pagos ilícitos a funcionarios públicos.

La resolución judicial forma parte de una investigación más amplia relacionada al programa Qali Warma, en la que se indagan posibles actos de corrupción en los procesos de contratación y adquisición de productos.

Esta decisión judicial representa un paso clave en la acumulación de evidencias financieras que podrían sostener futuras imputaciones formales.