Kenji Fujimori deberá realizar obra social o servicio comunitario

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El tribunal supremo precisó que el sentenciado pagará S/ 500000 y afrontará cárcel efectiva si incumple las reglas.

El excongresista Kenji Fujimori deberá cumplir con realizar una obra social o diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta fijadas en su condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el diario El Comercio, la precisión fue emitida por la Corte Suprema tras absolver una consulta técnica formulada por la defensa del sentenciado.

Captura: Canal N

La disposición judicial se enmarca en el proceso penal derivado del caso Mamanivideos del año 2017, vinculado a la presunta compra de votos parlamentarios para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La ejecución de las labores no remuneradas se desarrollará bajo la supervisión directa de la Oficina de Medio Libre de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La precisión de la Corte Suprema sobre las reglas de conducta de Fujimori

El órgano jurisdiccional estableció que, en caso de optar por una obra social, el exparlamentario deberá informar de manera documentada al juzgado supremo sobre su cumplimiento.

Por el contrario, si elige la modalidad de servicio comunitario, la labor podrá distribuirse en una o varias jornadas en la institución pública que determine el INPE.

El juez supremo Manuel Luján Túpez, integrante de la Sala Penal Permanente, detalló los alcances de la medida comunitaria: «Un servicio comunitario o a favor de la comunidad significa, por ejemplo, hacer limpieza en las escuelas, ir a los hospitales a ayudar a las personas que están en fila, entregar tickets, orientarlos, cuidar jardines, sembrar plantas, cuidar la forestación nacional, en fin, algo que haga ver que su compromiso con la patria es efectivo».

Se constató que las disposiciones alcanzan a todos los sentenciados en la misma causa.

El pago de S/ 500000 de reparación civil y la advertencia de cárcel

La sentencia condenatoria ratificada por la Corte Suprema ordena que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo paguen de forma solidaria la suma de S/ 500000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

El tribunal advirtió que el cumplimiento de las obligaciones económicas y de conducta resulta obligatorio para mantener la libertad condicional.

Luján Túpez precisó que el incumplimiento injustificado facultará la revocatoria del beneficio penitenciario conforme al artículo 59 del Código Penal: «A solicitud de las contrapartes –en este caso el Ministerio Público o la Procuraduría Pública– si consideran que las seis reglas de conducta no se están cumpliendo o no se han cumplido, pueden requerir al juez supremo de investigación preparatoria para que se revoque la suspensión de la pena como beneficio y se convierta en una pena efectiva en una cárcel del país».

La aplicación del Decreto Legislativo 1585 y el beneficio de pena suspendida

El magistrado explicó que la no aplicación de prisión efectiva se sustentó en el mandato de retroactividad benigna establecido en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú.

La judicatura aplicó el Decreto Legislativo 1585, promulgado en noviembre de 2023, norma que faculta la suspensión de condenas menores a cinco años de privación de la libertad.

El tribunal supremo concluyó que los exlegisladores cumplieron con los presupuestos legales exigidos por la norma procesal al carecer de antecedentes judiciales y acatar las citaciones de las autoridades.

El colegiado determinó que no se acreditó peligro de fuga ni conductas que hagan prever reincidencia delictiva en los procesados.

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