Luciano López cuestiona proceso disciplinario contra Janet Tello

Luciano López, abogado de Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, señala que la decisión de los cuatro miembros de la Junta Nacional de Justicia de iniciar un proceso disciplinario inmediato, saltándose el conducto regular de investigación previa, carece de fundamentos sólidos.

En diálogo con Canal N, argumenta que la discusión que se está cuestionando tiene que ver con la interpretación de la ley por parte de los jueces, lo cual no constituye una falta grave.

En su opinión, la interpretación judicial debería resolverse a través de los medios legales apropiados, como el debido proceso, y no mediante sanciones disciplinarias. Además, subraya que la interpretación de la ley no debería ser objeto de una sanción disciplinaria, ya que las discusiones interpretativas no se consideran faltas graves. 

López no descarta la posibilidad de que haya intereses políticos involucrados en este proceso. Señala que no todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia están alineados con esta postura, ya que son solo cuatro de los siete miembros los que han tomado esta decisión.

Según su punto de vista, la demora en la notificación de la resolución y la publicación de comunicados tratando de justificar lo que considera injustificable son indicios de una motivación política.

Además, López resalta que la Relatora para los Asuntos de Justicia de las Naciones Unidas también expresó su preocupación sobre el uso de procedimientos extraordinarios para sancionar a los jueces por diferencias interpretativas de la ley, lo cual podría tener implicaciones políticas.

López refuta las acusaciones relacionadas con la aplicación de una norma derogada, señalando que la resolución que citan los magistrados invoca el artículo 393.2 del Código Procesal Civil, el cual está vigente. 

No encuentra ninguna base en la acusación de que se haya aplicado una norma derogada, y cuestiona la falta de claridad por parte de la Junta en cuanto a la norma específica que se considera derogada. 

En su opinión, la acusación no está suficientemente fundamentada, y señala que, si se va a imputar una conducta indebida, debe indicarse de manera precisa cuál es la norma violada.

López enfatiza que Janet Tello tiene el derecho a una defensa adecuada, y que la resolución no explica de manera clara los cargos que se le imputan. Insiste en que no hay ningún fundamento sólido para una sanción disciplinaria, ya que la discusión en torno a la interpretación de la ley no debería ser motivo de destitución. 

Además, destaca que la Junta Nacional de Justicia ha actuado de manera inconstitucional al interferir en el criterio judicial, lo cual está prohibido por la ley de carrera judicial.

Intereses políticos

López indica que, en su experiencia en el litigio y la política, no existen "casualidades", sugiriendo que podría haber un interés político detrás de la atención a casos como el de la fiscal Delia Espinoza. Aunque no tiene pruebas directas, plantea dudas sobre si hay un intento de socavar la labor de la fiscalía y de la presidenta del Poder Judicial. 

Por último, sostiene que el proceso disciplinario contra Janet Tello carece de base legal sólida y parece estar motivado por intereses políticos. 

Asegura que la defensa de Tello presentará todos los argumentos legales disponibles para evitar una destitución o remoción, considerando que la interpretación de la ley no es motivo suficiente para una sanción disciplinaria tan grave.