Luis Neyra: El estado de emergencia no funcionó y no funcionará

La región de Piura enfrenta una alarmante situación de inseguridad ciudadana que ha llevado al cierre de 450 empresas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Delitos como la extorsión y el cobro de cupos han golpeado duramente a las pequeñas y medianas empresas, complicando el panorama laboral y económico en la región.

En diálogo con Canal N, el gobernador de Piura, Luis Neyra, remarcó que la declaración de estado de emergencia “no funcionan y no funcionarán porque los delincuentes migran, pasan a otras provincias, luego regresan”.  

Al respecto, mencionó que los esfuerzos por fortalecer la seguridad se han visto frenados por múltiples factores, como la falta de recursos suficientes, el aumento de denuncias (que han crecido un 40% este año), y las deficiencias en la política migratoria que permitieron el ingreso descontrolado de migrantes.  

Cambios en el Ministerio del Interior 

Además, señaló que el constante cambio de ministros del Interior ha complicado la implementación de una estrategia coherente y sostenida en el tiempo.  

Para abordar la crisis, el gobierno regional ha invertido en la renovación del parque automotor policial con la adquisición de 120 camionetas y 150 motocicletas, aunque esta medida aún es insuficiente para cerrar la brecha de seguridad. 

Otro reto incluye la eficacia en la aplicación de las leyes vigentes, muchas de las cuales son consideradas adecuadas, pero mal ejecutadas.  

Aumento de penas 

También abordó sobre el aumento de penas para crímenes graves como la extorsión y el sicariato sigue en pie, así como la necesidad de un enfoque integral que contemple mejoras en inteligencia policial, observatorios del delito y laboratorios de criminalística.  

“Tenemos que atacar directamente el tema de los extorsionadores y a toda la criminalidad. Deberíamos ser más drásticos, deberían tener cadena perpetua o penas más drásticas”, expresó. 

La propuesta de leyes más severas, como la llamada 'terrorismo urbano', busca endurecer sanciones contra la criminalidad organizada. Sin embargo, existe la preocupación de que estas medidas no se apliquen correctamente o que puedan usarse para criminalizar protestas sociales.