Maldonado denuncia corrupción y abuso de poder en el Congreso

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado brindó una entrevista para analizar dos investigaciones que involucran a funcionarios públicos y graves ilícitos penales, con base en denuncias periodísticas reveladas por Cuarto Poder. El análisis se centró en la presunta comisión de peculado por parte de un congresista y sus trabajadores, y los serios indicios que apuntan a una organización criminal en la que habría participado un exministro del Interior.

Maldonado señaló que estas conductas constituyen una flagrante vulneración de los principios de la función pública y de la normativa vigente. Los hechos implican el uso indebido de recursos públicos y personal contratado por el Estado para fines de carácter político y privado, afectando la probidad y la neutralidad institucional en el contexto electoral, según se detalló en el programa de Canal N.

La triple infracción del congresista Roberto Sánchez

El exprocurador Maldonado se refirió a la denuncia que involucra al congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, señalando que su conducta presenta una triple infracción de gravedad. Esta infracción abarca el ámbito político, al vulnerar su obligación de representar a la nación y respetar la Constitución; el ámbito ético-administrativo, al incumplir las normas de neutralidad política en un contexto electoral; y finalmente, el ámbito penal.

Desde la perspectiva penal, el exprocurador indicó que los hechos se encuadrarían en el delito de peculado, tipificado en el artículo 387 del Código Penal. La infracción también se extiende a los trabajadores de su despacho, Ernesto Zunini y Merardo Osorio, quienes fueron señalados por participar en actividades de apoyo al expresidente Pedro Castillo en horario laboral, percibiendo sueldos de 7000 y 12000 soles, respectivamente.

Implicancias por vulneración de la neutralidad electoral

La participación de funcionarios y empleados del Congreso en campañas políticas durante sus horas de trabajo fue calificada por Maldonado como una notoria vulneración al principio constitucional de neutralidad electoral. El especialista afirmó que la prohibición de este tipo de conductas está sustentada en un decreto supremo y una serie de normativas y jurisprudencia emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Maldonado desestimó el argumento de la libre expresión como una defensa válida para justificar estas acciones en el contexto de la función pública y el horario laboral. Subrayó que, en este escenario, la excusa resulta "pueril" y no se sustentaría legalmente ante las claras normas que rigen la imparcialidad que debe mantener el personal estatal.

Indicios de organización criminal contra Juan José Santibáñez

En el segundo caso analizado, Antonio Maldonado abordó la situación legal del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien es investigado por la Fiscalía por presunta organización criminal. Según el análisis, el exministro habría continuado dirigiendo su estudio jurídico durante su gestión, presuntamente utilizando recursos de la Policía Nacional para favorecer desalojos de empresas privadas en Lima y Ayacucho.

El esquema imputado también incluye una supuesta operación para brindar un "fraudulento esquema de arraigo laboral" con el objetivo de proteger al hermano de la entonces presidenta de la República de una posible prisión preventiva. Maldonado enfatizó que estos hechos son de extrema gravedad y reñidos con la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado, impulsada desde el mismo sector.

Testimonio protegido como medio de prueba

Respecto al caso Santibáñez, el exprocurador anticorrupción resaltó la solidez de la investigación fiscal gracias al aporte de un testigo protegido. Este testigo ha detallado las presuntas gestiones ilegales y ha entregado material probatorio que incluye imágenes de Santiváñez reunido con clientes mientras ejercía el cargo ministerial.

Maldonado precisó que el testimonio de un testigo protegido, al ser detallado y particular, constituye un medio de prueba superior a los indicios, fortaleciendo significativamente la investigación del Ministerio Público. Además, aclaró que la figura del antejuicio al exministro no impediría la imposición de medidas coercitivas de carácter personal, como la prisión preventiva, en caso de ser solicitada por el Ministerio Público.