Maldonado: Contratación en Congreso configura un patrón criminal
Antonio Maldonado advierte que la contratación de familiares en el Congreso configura delitos contra la administración pública y forma parte de un patrón criminal sostenido
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado calificó como un delito grave la reciente contratación de la hija de Cecilia Salazar, asesora principal de la congresista Rosío Torre en el Congreso, pese a la prohibición legal existente.
En diálogo con Canal N, el abogado mencionó que este caso excede los márgenes de la ética administrativa y se ubica directamente en el terreno penal, al configurar delitos contra la administración pública.
El hecho fue revelado por el reportaje de Cuarto Poder, que indicó que la jefa de recursos humanos del Parlamento, también militante del mismo partido que Salazar, autorizó la contratación de la joven. Para Maldonado, esta acción representa un acto deliberado de nepotismo institucionalizado.
Patrón criminal sistemático en el Congreso
Maldonado advirtió que la situación actual no es un hecho aislado. A su juicio, se trata de una conducta criminal sostenida, en la que participan congresistas, funcionarios y partidos políticos. “No se trata de una manzana podrida. Esto es un patrón criminal”, afirmó.
Como antecedente, mencionó el caso del excongresista Michael Urtecho, condenado a más de 22 años de prisión por casos similares entre 2006 y 2010. A pesar de ese precedente, subrayó que las prácticas corruptas no solo persisten, sino que se han agravado bajo el actual Congreso.
El exprocurador consideró que el Ministerio Público debe abordar estos casos desde un enfoque integral y holístico, dado que revelan una estructura de criminalidad organizada en el aparato parlamentario.
Responsabilidad política de partidos y líderes
Maldonado también cuestionó la responsabilidad política de los partidos que permiten el ingreso de personas sin escrúpulos éticos a sus filas. Consideró que debería existir una sanción institucional severa para las agrupaciones políticas involucradas, incluso la cancelación de su inscripción electoral.
“En un sistema democrático sano, estos partidos no deberían existir. El dueño del partido debería responder con su patrimonio”, declaró. En ese sentido, vinculó directamente al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, con la responsabilidad política por la actuación de sus congresistas y cuadros técnicos.
Crítica a la institucionalidad parlamentaria
El exprocurador cuestionó duramente la estructura administrativa del Congreso por facilitar y tolerar estas contrataciones irregulares. “¿Dónde está el presidente del Congreso? ¿Dónde está la mesa directiva?”, se preguntó.
Asimismo, descartó que la Comisión de Ética sea un órgano idóneo para evaluar estos casos. A su criterio, “carece de toda ética” y funciona como un grupo de cómplices que perpetúan la impunidad dentro del Legislativo.
La contratación de familiares y los recortes salariales a trabajadores, con participación de allegados, representan una dinámica estructural que, según Maldonado, se ha naturalizado en el Congreso sin consecuencias reales.
La denuncia contra la congresista Rosío Torres y su entorno no es un hecho aislado. Según el exprocurador, responde a un patrón de corrupción que ha tomado control del Congreso y que requiere una intervención institucional profunda para recuperar la integridad pública.
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