Marco Montoya: Proceso contra Galaga prescribió y permitió nuevas contrataciones

El experto en contrataciones con el Estado, Marco Montoya, advirtió que las fallas registradas en la distribución del material electoral durante las Elecciones 2026 responden a una “tormenta perfecta” entre deficiencias normativas, errores en la contratación y falta de supervisión por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En entrevista con Canal N, Montoya explicó que la entidad electoral contrató a Servicios Generales Gálaga SAC pese a que no era la opción más económica y contaba con antecedentes de sanciones e incumplimientos en contrataciones con el Estado.

“Legalmente se podía contratar, pero eso no significa que haya sido la mejor decisión”, sostuvo el especialista.

Montoya detalló que la empresa había sido denunciada en 2019 ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta, lo que pudo derivar en su inhabilitación. Sin embargo, el proceso sancionador prescribió, permitiendo que continuara participando en licitaciones públicas.

Según indicó, este escenario evidencia fallas en el sistema de control, ya que una eventual sanción habría impedido su participación en el proceso electoral actual.

"Se ha producido la tormenta perfecta porque el Tribunal de Contrataciones no le inició el proceso sancionador. Le inicia el proceso después de mucho tiempo y lo deja prescribir. Es decir, dejar de lado", sostuvo.

Montoya señaló además que el problema no se limita a la elección de la empresa, sino también a la falta de seguimiento contractual. En ese sentido, cuestionó que no se haya verificado con anticipación la capacidad logística del proveedor para cumplir con la distribución del material electoral.

“No se puede esperar al mismo día de la elección para entregar el material. Esto debió garantizarse con 24 o 48 horas de anticipación”, afirmó.

Responsabilidad podría alcanzar a niveles superiores dentro de la ONPE

El experto agregó que la responsabilidad no recaería únicamente en el gerente encargado del área, sino que podría alcanzar a niveles superiores dentro de la institución. En esa línea, indicó que resulta difícil que la alta dirección no haya tenido conocimiento de los problemas logísticos desde días previos al proceso electoral.

Respecto a eventuales implicancias legales, sostuvo que podrían evaluarse figuras como omisión de funciones o afectación al derecho de sufragio, aunque precisó que la determinación de responsabilidades dependerá de las investigaciones en curso.

Asimismo, consideró pertinente la intervención de organismos de control como la Contraloría y el Ministerio Público, al tratarse de un caso que impacta directamente en la transparencia del proceso electoral.

Respaldó la decisión de iniciar acciones sobre el caso

En relación con el papel de la Junta Nacional de Justicia, Montoya respaldó la decisión de iniciar acciones sobre el caso, incluyendo la revisión del proceso de ratificación del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Finalmente, advirtió que una eventual salida del titular del organismo electoral en plena organización de la segunda vuelta podría generar mayor inestabilidad, por lo que consideró que las investigaciones deben seguir su curso sin afectar el desarrollo del proceso en marcha.