Martes, 16 de julio del 2019

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Metro de Lima: proponen soluciones para evitar comercialización informal de pasajes

Se propone brindar atención permanente en las 35 boleterías durante toda la operación del servicio

Metro de Lima: Foto referencial: El Comercio

Se propone brindar atención permanente en las 35 boleterías durante toda la operación del servicio

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), por medio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), formuló propuestas y recomendaciones al Concesionario GYM Ferrovías S.A. para garantizar el adecuado cobro de tarifas del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y evitar la comercialización informal de saldos de tarjetas.

Así, planteó brindar atención permanente en las 35 boleterías durante toda la operación del servicio, facilitar el uso de máquinas inalámbricas para la recarga de tarjetas y aplicar adecuadamente el sistema de control de pasajeros para reducir la cantidad de ingresos consecutivos por tarjeta al día.  

La AATE exhortó al concesionario a implementar, a la brevedad, las propuestas contenidas en el plan de acción, tras saludar y compartir la preocupación de la Contraloría respecto a la comercialización informal de pasajes, sobre todo, en las estaciones San Carlos, Angamos, Atocongo y La Cultura de la Línea 1, y los eventuales actos de violencia.

Mediante un comunicado, la AATE señaló que esta "situación adversa" ha sido comunicada al Concesionario GYM Ferrovías S.A. en reiteradas oportunidades como parte de las acciones de monitoreo que efectúa.

Se ha observado, agregó, que los usuarios no disponen de suficientes puntos de recarga y compra de tarjetas para hacer uso del servicio, debido a que las boleterías operan parcialmente en algunas estaciones o las máquinas automáticas de recarga se encuentran inoperativas.

Asimismo, se ha exhortado al concesionario a cumplir con su obligación de proveer de personal de seguridad privada y solicitar la presencia de la Policía Nacional para cautelar la seguridad de los usuarios en los límites del área de la concesión de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión.

"Ello sin perjuicio de las acciones legales que el Estado pueda iniciar en el marco de su función fiscalizadora y sancionadora", aclara la AATE.