Mininter contratará a abogado que laboró en bufete de Santiváñez

Diciembre de 2018. Época de navidad y fin de año, Juan José Santiváñez posa para el lente de una cámara junto a los colaboradores de su bufete de abogados, entre ellos Carlos Alvizuri Marín, quien trabajó en su estudio entre el 2017 y 2018.

Curiosamente, seis años después, también en época de fin de año, un contrato por 150 mil soles, con fondos públicos, vuelve a unir a Santiváñez con Alvizuri, nada menos que para la defensa legal de un exfuncionario del Ministerio del Interior que se encuentra prófugo de la justicia.

¿A QUIÉN DEFENDERÁ EL ABOGADO VINCULADO AL BUFETE DE SANTIVÁÑEZ?

Jorge Ortiz Marreros fue jefe de la Dirección General de Gobierno Interior investigado junto al hermano de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Para el Ministerio Público, Ortiz Marreros participó en la designación irregular de prefectos y subprefectos en diferentes regiones, cargos que habrían sido condicionados a la recolección de firmas a favor del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte.

Y, en otros casos, previo pago. Los testimonios fueron recogidos por la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N.

Por estas acusaciones, el 19 de noviembre último, el Poder Judicial dictó prisión preventiva de 36 meses contra el hermano presidencial y otros tres investigados, entre ellos Jorge Ortiz Marreros.

Seis días después, desde el Ministerio del Interior, dirigido por Juan José Santiváñez, se aprobó un expediente de contratación directa por un monto de 150 mil soles del presupuesto del Estado.

¿QUIÉN ES CARLOS ALVIZURI?

El elegido para la contratación: el abogado Carlos Alvizuri, el excolaborador de su bufete, quien según esta documentación seguirá como defensor legal del prófugo funcionario Ortiz Marreros.

"De acuerdo a lo establecido en la Resolución de Secretaría General, el requerimiento formulado por la Oficina General de Administración y Finanzas, y la cotización presentada por el abogado Carlos Alvizuri Marín, se procede con la ‘Contratación de una persona natural para que brinde los servicios especializados en defensa y asesoría legal solicitada por Jorge Ortiz Marreros [...] Para que sea representado en la investigación penal seguida en su contra a cargo del equipo de fiscales contra la corrupción del Poder del Ministerio Público", se indicó en el texto oficial.

La Unidad de Investigación de América Televisión y canal N accedió a la documentación de este proceso donde se observa que inicialmente, la contratación de Carlos Alvizuri fue observada debido a que incumplía con acreditar la experiencia profesional mínima requerida, tal como se detalló en un informe del 20 de noviembre.

“De acuerdo a la documentación presentada por el abogado propuesto Carlos Alvizuri Marín, se refleja que no cumple con lo solicitado como requisitos mínimos del proveedor […] debido a que ningún documento señala información que se podría considerar en la contabilización para la experiencia profesional", se advirtió en el documento.

Sin embargo, el 22 de noviembre, este inconveniente fue "solucionado” por la Oficina General de Administración y Finanzas del ministerio del interior tras reducir los requisitos mínimos exigidos al proveedor. Entre estos, el de sustentar documentadamente al menos tres años de experiencia profesional.

La Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N se comunicó con el abogado Alvizuri para conocer más detalles de su proceso de contratación. "Todo lo que me han pedido, yo lo envié. La experiencia y todo ello […] con toda la documentación se emitió”, contestó.

En junio pasado, un testigo protegido de la Fiscalía declaró que Santiváñez habría actuado en coordinación con el abogado Carlos Alvizuri para evitar que Ortiz Marreros se convirtiera en colaborador eficaz y, de esa manera, no proporcione información sobre Nicanor Boluarte.

“Al día siguiente del operativo policial, el 11 de mayo, el viceministro Juan José Santiváñez Antúnez, se comunicó con su sobrino, el abogado Carlos Alvizuri Marín, comentándole que él se encontraba, en la sombra, a cargo de la defensa de Nicanor Boluarte y de Jorge Ortiz Marreros (…), pero que no podía hacerlo formalmente por el cargo que venía ejerciendo en dicho momento”, se indicó.

El Ministerio del Interior pagará 150 mil soles, dinero del Estado, por la defensa legal de un funcionario que hoy se encuentra en la clandestinidad. Paralelamente, él y los demás prófugos en el caso de la presunta red criminal que lideraría Nicanor Boluarte, han apelado la medida de prisión preventiva. El Poder Judicial resolverá el pedido en las próximas semanas.