Mininter retira seguridad a Delia Espinoza tras suspensión

El pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó la medida cautelar de suspensión provisional contra Espinoza en el marco de un proceso disciplinario en curso
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender de manera provisional a Delia Milagros Espinoza Valenzuela en su cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema.
La medida fue adoptada el 19 de septiembre de 2025 mediante la resolución N.° 143-2025, con un plazo de seis meses contados desde la notificación oficial.
Como consecuencia directa, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el retiro del servicio de seguridad y protección personal que se le otorgaba a Espinoza en su calidad de alta funcionaria.
La notificación fue remitida por el coronel director de Seguridad del Estado y firmada por el comandante Marco Antonio Romero Camarena.
JNJ aplica suspensión provisional a la fiscal de la Nación
El pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó la medida cautelar de suspensión provisional contra Espinoza en el marco de un proceso disciplinario en curso.
Según la resolución, la fiscal de la Nación queda inhabilitada temporalmente para ejercer sus funciones en tanto se resuelve el procedimiento. La decisión fue comunicada formalmente a las instituciones correspondientes para su cumplimiento inmediato.
Retiro de seguridad se basa en normas de protección a funcionarios
El documento policial señala que el retiro de la seguridad personal responde a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 042-2022 y la Directiva N.° 007-2022, que regulan la protección de altos funcionarios del Estado.
Al encontrarse suspendida de sus funciones, Espinoza ya no cumple los requisitos para mantener el resguardo. Con ello, la PNP dejó sin efecto las medidas de protección asignadas mientras ejercía el cargo de fiscal de la Nación.
Espinoza muestra disconformidad con la decisión de la JNJ
Tras la notificación, Delia Espinoza expresó su desacuerdo con la resolución del pleno de la JNJ. Según fuentes cercanas, evalúa acciones legales o administrativas para cuestionar la sanción y la pérdida de su seguridad personal.