Espinoza: Congresistas no son responsables por votos u opiniones

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, cuestionó la forma en que se aplicó el artículo 93 de la Constitución en el proceso que terminó con su inhabilitación. Afirmó que su labor como fiscal fue malinterpretada y que el Ministerio Público no imputa responsabilidades, sino que solicita la apertura de investigaciones.

En sus declaraciones, Espinoza sostuvo que la figura del fiscal requirente ha sido tergiversada por el Congreso, que —según dijo— la responsabiliza de forma directa por haber iniciado un procedimiento basado en hechos que, a su juicio, configuraban delito.

Espinoza aclara rol del Ministerio Público en investigaciones

La exfiscal explicó que el artículo 93 señala que los congresistas no pueden ser responsabilizados por sus opiniones ni por sus votos. Sin embargo, subrayó que su actuación como fiscal de la Nación se limitó a solicitar que se determine si hubo o no responsabilidad penal, sin emitir una conclusión al respecto.

Espinoza precisó que es el Congreso quien debe evaluar los elementos planteados y no atribuirle una intención persecutoria por haber cumplido con su deber funcional. En ese sentido, insistió en que su labor se ajustó a la Constitución y al respeto del debido proceso.

Considera que el Congreso desvió el foco del caso original

Durante su intervención, Espinoza sostuvo que el Congreso intenta desviar la atención de lo que calificó como una decisión legislativa errónea respecto a beneficios para pensionistas. Afirmó que algunos parlamentarios favorecieron sus intereses y que su investigación buscó esclarecer posibles irregularidades en esa actuación.

Según sus declaraciones, lo que se plantea como una persecución es en realidad una represalia por haber señalado hechos que perjudicaban los intereses del Estado. Espinoza afirmó que todo está documentado y que su denuncia fue presentada conforme al marco legal vigente.

Defiende su desempeño como fiscal titular

Espinoza reiteró que su gestión estuvo marcada por el respeto a la ley y la pulcritud institucional. También recordó que en su periodo presentó 20 denuncias constitucionales, cifra similar a las presentadas por su sucesor interino, lo que —según ella— desmonta la narrativa de que ejerció una persecución política.

Además, reafirmó su condición de fiscal de la Nación titular, señalando que su suspensión no elimina su cargo de forma legal. Pidió, en consecuencia, que los términos utilizados por los medios y autoridades reflejen correctamente su situación jurídica actual.