Ministerio Público evidencia preocupación por fallo que favorecería a corruptos

El Ministerio Público expresó su preocupación ante una sentencia casatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia, que exime de sanción penal a ciudadanos que sin ser funcionarios públicos, se ven inmersos en actos de corrupción. 

En esa línea, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, remitió un documento al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, en el que precisa que la sentencia casatoria N° 782-2015, dictada por la Sala Permanente de la Corte Suprema el pasado 6 de julio, crea jurisprudencia vinculante y podría beneficiar a diversas personas procesadas como cómplices primarios  en delitos de corrupción de funcionarios. 

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Pablo Sánchez recordó que desde hace 16 años los fiscales anticorrupción vienen aplicando las sanciones a terceros implicados en delitos de corrupción de funcionarios y que esa medida condujo a la captura  procesamiento de gran número de personas implicadas en los casos de corrupción que afectaron al Perú en la década pasada.  

El titular del Ministerio Público remarcó que la sentencia en mención modifica el criterio establecido por la Corte Suprema de hace varios años y exime de sanción penal a aquellas personas procesadas por actos de corrupción sin ser funcionarios públicos, estableciéndose su cumplimiento obligatorio por todos los jueces de la República. 

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De acuerdo a la sentencia casatoria N° 708-2015, que establece una doctrina jurisprudencial obligatoria, únicamente puede sancionarse penalmente a los funcionarios públicos en casos de delitos especiales, eximiéndose de sanción a los terceros implicados y contradiciendo el acuerdo anterior adoptado por todos los jueces supremos. 

De acuerdo a la Fiscalía, ello permitiría la liberación de un gran número de personas implicadas en delitos especiales como peculado y colusión en los que, al no existir similitud en la legislación aplicable a los delitos comunes, quedarían libres. 

Ante esta variación en la posición doctrinaria del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación pidió al presidente de dicho organismo disponga la realización de un Pleno Casatorio de Jueces en lo Penal de la Corte Suprema a fin de evaluar “este grave problema suscitado en la administración de justicia, que podría favorecer a numerosas personas implicadas en casos de corrupción”.