Municipio de Lima deberá pagar US$ 200 millones a Rutas de Lima

Una decisión judicial de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha confirmado que la Municipalidad de Lima deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima. El fallo ratifica dos laudos arbitrales internacionales dictados tras un conflicto contractual iniciado en 2017.

La controversia surgió luego de que la municipalidad bloqueara la implementación de un nuevo peaje en una vía administrada por el consorcio, lo que motivó a Rutas de Lima a iniciar arbitrajes ante tribunales internacionales bajo el reglamento Uncitral, con sede en Washington D. C. La Corte estadounidense rechazó así los intentos del municipio limeño por evitar los pagos.

Corte rechaza argumento de corrupción en contrato de concesión

Uno de los principales alegatos de la Municipalidad de Lima en su defensa fue que el contrato de concesión, firmado en 2013, debía ser anulado por estar presuntamente vinculado a hechos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht, entonces parte del consorcio. Sin embargo, la Corte concluyó que no se presentaron pruebas directas que acreditaran actos ilícitos relacionados con la adjudicación.

La apelación también incluía acusaciones contra el consorcio por supuestamente ocultar pruebas y contra el tribunal arbitral por desestimar evidencias clave. Pese a ello, los jueces estadounidenses determinaron que no se vulneró el debido proceso ni se causó perjuicio sustancial.

Montos arbitrales y nuevos procesos judiciales

El primer laudo arbitral estableció el pago de US$ 68 millones, más intereses que elevan el monto a cerca de US$ 190 millones. El segundo proceso añadió US$ 7,2 millones por demoras en ajustes tarifarios. Además, la municipalidad intentó frenar la ejecución de los pagos, pero esta solicitud también fue rechazada por una jueza distrital.

Actualmente, Rutas de Lima (hoy controlada por Brookfield Infrastructure) mantiene un tercer arbitraje contra la Municipalidad de Lima. En paralelo, Brookfield ha iniciado una demanda ante el Ciadi contra el Estado peruano por presunta expropiación de su inversión, exigiendo una compensación de US$ 2700 millones.

Abogado de la Municipalidad anuncia nuevas pruebas

Scott Nielson, abogado de la Municipalidad de Lima, afirmó que la decisión judicial se basó en un expediente “obsoleto” y adelantó que nuevas pruebas serán incorporadas en el juicio que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán.

Según señaló, el Estado peruano se ha sumado a la comuna limeña en la solicitud de divulgación de documentos clave sobre diligencias realizadas por Brookfield.

En conclusión, el caso sigue en desarrollo y podría impactar tanto en la situación financiera de la municipalidad como en los procesos judiciales pendientes sobre corrupción en obras públicas.