Nakazaki: Expulsión inmediata de extranjeros es inconstitucional

La reciente aprobación de la expulsión inmediata de extranjeros detenidos en flagrancia ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y legalidad.

En diálogo con Canal N, el abogado penalista César Nakazaki advirtió que esta medida sería inconstitucional al permitir una expulsión sin proceso ni sentencia judicial. 

La norma ha sido presentada como una herramienta contra la delincuencia, sin embargo, el especialista sostiene que legislar sin considerar la realidad del sistema judicial puede generar más problemas que soluciones. “El problema es que se da una ley y luego el Poder Judicial no la aplica”, indicó. 

El proceso inmediato como alternativa legal 

Según Nakazaki, lo correcto sería aplicar un “proceso inmediato”, un procedimiento judicial expeditivo ya existente, que permitiría tomar decisiones legales con rapidez y con resolución judicial previa. Solo de esta forma, explicó, se podría ejecutar una expulsión dentro del marco constitucional. 

La figura de la flagrancia permite la detención en el momento del delito, pero no sustituye al proceso legal necesario para determinar la culpabilidad y aplicar sanciones. Saltarse ese paso, como propone la nueva ley, iría en contra de los principios constitucionales.

Riesgos de reintegración y vacíos legales 

Uno de los problemas recurrentes en las expulsiones, según el penalista, es el retorno ilegal de los expulsados, ya que el Perú no cuenta con un control efectivo en sus fronteras.

Si bien se ha mejorado la legislación en cuanto a la duración de la expulsión —basada ahora en la pena máxima del delito cometido—, no se han cerrado los caminos de reingreso. 

Además, hay limitaciones prácticas: el alto costo logístico de deportaciones masivas y la posibilidad de que países como Venezuela se nieguen a recibir a sus ciudadanos. En esos casos, la aplicación de la norma se complica aún más.

¿Una ley simbólica más que operativa? 

Nakazaki considera que esta ley podría terminar siendo una “ley acento”, es decir, una norma que busca dar una señal política más que ofrecer soluciones reales. “Las personas necesitan soluciones, no una ley que no se aplique”, afirmó. 

El penalista advirtió que, si se intenta expulsar a personas sin proceso judicial, habrá una avalancha de habeas corpus que podría paralizar la implementación de la norma.

Por ello, insistió en que solo los condenados deben ser expulsados, como ya se venía haciendo, aunque con mejoras legales recientes. 

César Nakazaki, abogado penalista, también remarcó que "no habría ninguna discriminación en la ley que expulsa delincuentes extranjero".

En conclusión, la expulsión inmediata de extranjeros en flagrancia, sin un proceso judicial previo, enfrenta serios cuestionamientos de constitucionalidad y de factibilidad práctica, por lo que su aplicación efectiva parece improbable.