Niñas awajún: 800 casos de abusos impunes

¿Cuál es la magnitud de la crisis de violencia sexual en Condorcanqui?

La provincia de Condorcanqui, ubicada en la región Amazonas, enfrenta una crisis humanitaria y judicial sin precedentes con la investigación de aproximadamente 800 casos de menores de edad víctimas de abuso sexual. Según un reportaje de Cuarto Poder, el abandono estatal ha permitido que la impunidad prevalezca en comunidades como Tayunza y Santa María de Nieva, donde las víctimas, pertenecientes mayoritariamente a las etnias awajún y wampis, carecen de acceso real a la justicia.

La situación se agrava por la lejanía geográfica y el alto costo de los traslados. Para que una víctima pueda declarar, debe viajar hasta seis horas por río o carretera, un gasto que las familias no pueden asumir. Esta barrera económica ha provocado que la única cámara Gesell de la provincia registre una operatividad mínima: de las 71 citas programadas para el mes de enero, solo se concretaron 8, lo que representa apenas el 11% de ejecución de estas pruebas fundamentales.

A este escenario se suma la persistencia de prácticas que obstaculizan la vía penal. Rosemary Pioc, lideresa awajún, informó que en diversas comunidades se pactan indemnizaciones económicas o materiales para frenar las denuncias. Según indicó, se han registrado casos donde los agresores entregan motores fuera de borda o montos de hasta 5,000 soles a cambio de que el proceso judicial no proceda, dejando a los menores en una situación de vulnerabilidad continua frente a sus atacantes.

¿Qué impacto tiene esta problemática en la salud pública de la provincia?

La violencia sexual en la zona ha derivado en una alarmante crisis sanitaria vinculada al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Roberto Rivera Sánchez, director de la Red de Salud (RIS) de Condorcanqui, informó que 4 de cada 100 personas en la provincia padecen de VIH. Durante el año 2025, se han detectado 253 casos nuevos, de los cuales 200 corresponden a jóvenes de entre 15 y 25 años, una cifra que refleja el impacto directo de las agresiones.

El personal de salud ha documentado casos donde el contagio se produce dentro del entorno familiar. Julissa Manchay, obstetra del centro de salud de Tayunza, reportó el caso de una menor de tres años contagiada por su padrastro, quien ya figuraba como paciente reactivo al virus desde hace tres años. La especialista señaló que, en lugar de disminuir, los reportes de menores abusados con diagnósticos positivos a infecciones de transmisión sexual continúan en aumento debido a la falta de medidas preventivas.

El sistema de salud local también enfrenta limitaciones para el seguimiento de estos casos. De acuerdo con testimonios de madres de las víctimas, el acompañamiento psicológico es casi inexistente. Una madre de familia en la zona denunció que, tras la agresión sufrida por su hija, el personal asistencial desapareció de la zona y no ha retornado en un año, dejando a la menor sin el soporte necesario para afrontar las secuelas del abuso.

¿Por qué las autoridades han reducido la capacidad de respuesta judicial?

Pese al incremento de las cifras de criminalidad, la Junta de Fiscales Supremos decidió desactivar las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer en los distritos de Cenepa y Río Santiago. Gilder Zapana Mayta, fiscal especializado en delitos contra la mujer, advirtió que esta medida ha dejado a los despachos sin personal administrativo ni asistentes fiscales, afectando directamente el procesamiento de más de 400 casos que se encontraban en curso.

La falta de presupuesto también ha impactado en la División de Médico Legal de Bagua, con sede en Condorcanqui, la cual se ha quedado sin psicólogo para el turno tarde. Erlin Medina Molocho, fiscal penal provincial, confirmó que se dio por finalizado el contrato de 26 trabajadores que contaban con vínculo vigente. Esta reducción logística impide que las diligencias urgentes, como las pericias psicológicas y exámenes médicos, se realicen de manera oportuna, favoreciendo la libertad de los agresores.

En la actualidad, diversos agresores denunciados y plenamente identificados por sus víctimas caminan libres por las comunidades debido a la inacción del sistema de justicia. Según el informe de Cuarto Poder, los procesados viven a pocos minutos de las casas de los menores agraviados, hostigándolos e incumpliendo órdenes de alejamiento sin que exista una respuesta efectiva por parte de la Policía Nacional o el Ministerio Público para garantizar la seguridad de la infancia en Condorcanqui.