Nueva ley exige altos ingresos para nacionalizarse peruano
Nueva ley de nacionalidad endurece requisitos para extranjeros que buscan nacionalizarse peruanos
La nueva ley de nacionalidad establece requisitos más estrictos para los extranjeros que buscan obtener la nacionalidad peruana. La norma dispone que deberán residir al menos cinco años en el país y demostrar ingresos superiores a S/ 4,400 mensuales —equivalentes a más de S/ 53,000 anuales— como condición para iniciar el trámite.
El texto también incluye otros criterios: los solicitantes deben acreditar conocimientos de historia, geografía, Constitución, arte y cultura peruana, además de no tener antecedentes policiales ni judiciales. En el caso de la nacionalización por matrimonio, el requisito de convivencia se amplió de dos a cuatro años.
Cambios centrales en la normativa
De acuerdo con especialistas, la norma busca reforzar principios de seguridad jurídica y seguridad nacional. Estas medidas están orientadas a garantizar que quienes accedan a la nacionalidad cuenten con una trayectoria de permanencia estable en el país y medios económicos suficientes para sustentarse.
El énfasis en la seguridad nacional apunta, según expertos, a prevenir riesgos vinculados con el terrorismo o amenazas al interés del Estado. No obstante, advierten que esta lógica no tendría un efecto real sobre las estructuras delictivas transnacionales.
Críticas y limitaciones señaladas
Especialistas sostienen que los delincuentes vinculados al crimen organizado difícilmente acudirían a un proceso de nacionalización, por lo que la norma no incidiría directamente en la inseguridad. En cambio, podría impactar a extranjeros que residen legalmente en el país pero cuyos ingresos no alcanzan el umbral establecido.
Algunos ciudadanos extranjeros consultados consideran que el requisito económico es “excesivo” en relación con la realidad laboral que enfrentan en el Perú. Para ellos, el monto exigido representa un obstáculo que dificulta su integración plena.
Alcances de la medida
La nueva ley marca un giro en la política migratoria peruana, estableciendo un plazo mayor de residencia y condiciones más severas de acceso a la nacionalidad. Si bien busca fijar criterios claros, el debate continúa sobre su efectividad frente a los problemas de inseguridad transnacional, que requieren otros mecanismos de control y cooperación internacional.
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