Nueve congresistas denunciados por “mochasueldos” buscan reelegirse en 2026

Nueve congresistas denunciados por “mochasueldos” postularán en 2026. / Video: Canal N

Entre los aspirantes figuran legisladores de APP, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular y Juntos por el Perú

Según una investigación del diario Correo, al menos nueve congresistas denunciados por el presunto cobro indebido de sueldos a trabajadores del Congreso —caso conocido como mochasueldos— buscan postular nuevamente en las elecciones generales de 2026.

Los legisladores, pertenecientes a distintas bancadas, aspiran a cargos en el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, pese a continuar bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Oficina de Ética Parlamentaria.

Los postulantes y sus partidos

De acuerdo con el informe, los congresistas Rosío Torres, María Acuña y Magaly Ruiz —todas de Alianza para el Progreso (APP)— se presentarán como precandidatas al Senado, mientras que el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, buscará postular a la Cámara de Diputados, además de tentar la vicepresidencia en la fórmula de su partido.

Por el partido Podemos Perú, José Arriola y Heydi Juárez serán precandidatos al Parlamento Andino y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

Asimismo, María Agüero buscará un escaño en el Senado por Perú Libre; Hilda Portero será precandidata a la Cámara de Diputados por Acción Popular; y Katy Ugarte participará en las internas de Juntos por el Perú, aún sin definir si postulará como senadora o diputada.

Investigaciones y acusaciones pendientes

La mayoría de los legisladores mencionados enfrenta procesos abiertos por presunto cobro de parte del sueldo de sus trabajadores, delito que podría configurarse como concusión o cohecho pasivo propio, dependiendo de cada caso.

El Ministerio Público continúa recopilando declaraciones y documentos que prueben el desvío de fondos mediante descuentos irregulares o aportes forzosos a favor de los congresistas.

En algunos casos, los trabajadores denunciaron haber sido obligados a entregar entre el 10% y el 20% de su remuneración mensual, bajo amenaza de despido o represalias laborales.

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