ONPE: partidos deben rendir cuentas por más de S/ 7 millones

La ONPE exige a diez partidos políticos rendir cuentas sobre el financiamiento público directo correspondiente al segundo semestre de 2025.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que diez partidos políticos deberán presentar su rendición de cuentas por el uso del financiamiento público directo correspondiente al segundo semestre del año 2025. La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 15 de enero de 2026, según lo establecido en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP).
El monto total asignado asciende a S/ 7.798.001,64, dinero que fue entregado por el Estado a las organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República. Este financiamiento se transfiere mensualmente a las cuentas bancarias de cada partido, siempre que hayan cumplido previamente con los requisitos señalados en el reglamento vigente.

Distribución del financiamiento entre partidos
Los partidos beneficiarios de estos fondos son: Perú Libre, con S/ 1.075.639,61; Fuerza Popular, con S/ 957.530,59; Renovación Popular, con S/ 843.268,72; Acción Popular, con S/ 825.571,60; Alianza para el Progreso, con S/ 741.414,23; Avanza País – Partido de Integración Social, con S/ 741.130,77; Juntos por el Perú, con S/ 687.321,48; Partido Democrático Somos Perú, con S/ 661.153,18; Podemos Perú, con S/ 644.211,68; y Partido Morado, con S/ 620.759,78.
La ONPE precisó que el cálculo de los montos asignados se basa en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Según dicha norma, el valor a entregar se obtiene al multiplicar el número total de votos válidos emitidos para el Congreso por el 0,1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Obligación de rendición y supervisión de uso
Una vez culminada la entrega y uso de los fondos, los partidos están obligados a rendir cuentas detalladas ante la ONPE. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) es la unidad encargada de verificar y controlar la correcta ejecución del financiamiento recibido.
Tras el análisis de la documentación presentada, la GSFP emite un informe donde se establece si la organización cumplió o no con las disposiciones de la LOP y del RFSFP. En caso de detectar irregularidades, se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

Destinos permitidos del financiamiento público directo
La legislación vigente establece que no menos del 50 % del financiamiento público directo debe utilizarse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, con criterios de paridad, igualdad y no discriminación.
Estas actividades pueden incluir encuestas, procesamiento de datos, desarrollo de herramientas digitales y publicaciones institucionales.
El resto del financiamiento puede destinarse a gastos de funcionamiento ordinario y adquisición de bienes necesarios para las actividades del partido. También está permitido contratar personal y servicios diversos, incluidos asesoría legal y patrocinio para los directivos y representantes de la organización política.
Sanciones por uso indebido del financiamiento
La ONPE advirtió que el financiamiento público directo no puede utilizarse con fines de lucro ni para actividades distintas a las establecidas en la LOP. El incumplimiento de esta disposición constituye una infracción muy grave.
Las sanciones contempladas en estos casos van desde una multa mínima equivalente a treinta y un (31) UIT hasta un máximo de cien (100) UIT, además de la pérdida del derecho a seguir recibiendo financiamiento estatal en el futuro.
Informes anuales de verificación financiera
La ONPE emite un informe al final de cada ejercicio anual donde se consolida la verificación de las rendiciones de cuenta realizadas por los partidos. Este documento resume los hallazgos y posibles acciones sancionadoras si se identifica un uso indebido o no justificado de los fondos.
Finalidad del financiamiento según la LOP
La finalidad del financiamiento público directo es fortalecer la institucionalidad de los partidos con representación parlamentaria y promover su participación en la vida política nacional. La norma busca también garantizar transparencia en el uso de recursos públicos por parte de las agrupaciones políticas.
La ONPE informó que diez partidos políticos deberán rendir cuentas hasta el 15 de enero de 2026 por el uso de S/ 7.798.001,64 en financiamiento público directo recibido durante el segundo semestre de 2025. Este dinero, transferido mensualmente a las cuentas de las organizaciones con representación congresal, debe destinarse a capacitación, funcionamiento y actividades partidarias. La ONPE, a través de la GSFP, verificará el cumplimiento de la norma. En caso de uso indebido, se pueden imponer sanciones que incluyen multas y la pérdida del financiamiento. Los informes serán emitidos al finalizar el ejercicio anual correspondiente.





