Padilla: Congreso debe desaforar de inmediato a Kira Alcarraz

De otro lado, el abogado explicó que, si los fiscales que lideraban los casos emblemáticos renuncian, las investigaciones no se anulan. Destacó que los equipos cuentan con múltiples integrantes
La congresista no agrupada, Kira Alcarraz, será denunciada ante la Comisión de Ética del Congreso de la República por presuntamente agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En diálogo con Canal N, el abogado penalista Vladimir Padilla consideró que, administrativamente, la sanción máxima posible en la Comisión de Ética sería una suspensión de 120 días sin goce de haber, aunque cuestionó la efectividad de esta medida por falta de graduación en las sanciones.
Sostuvo que corresponde evaluar con seriedad el levantamiento del fuero y que el Congreso debe actuar con celeridad para evitar que este tipo de conductas se repitan entre otros funcionarios con similar investidura.
Desde el punto de vista penal, Padilla explicó que el caso podría configurar delitos como violencia y resistencia a la autoridad con agravantes, ya que se habría utilizado la fuerza física y la investidura del cargo para impedir una acción legítima del SAT. La posible pena, de acuerdo con el especialista, podría superar los cuatro años de prisión.
Debido a que Alcarraz cuenta con fuero parlamentario, el Ministerio Público debe solicitar al Congreso el levantamiento del mismo para iniciar un proceso penal ordinario. Padilla sostuvo que este tipo de privilegios generan un mensaje de impunidad si no se aplican con rigurosidad.
Uso del cargo y afectación a la función pública
El abogado también recalcó que el hecho denunciado va más allá de una falta o una simple agresión. Señaló que al interferir en una labor de fiscalización vehicular, se habría atentado contra la función pública.
Subrayó que el trabajador intervenía legalmente un vehículo y que la congresista no tenía prerrogativa para intervenir ni justificar el uso de la fuerza.
Desactivación de equipos especiales en la Fiscalía
La decisión del fiscal Tomás Gálvez de desactivar cuatro equipos especiales, incluidos los de casos emblemáticos como Lava Jato, fue calificada como legal pero controvertida.
Padilla sostuvo que aunque es válido reorganizar internamente, no se debería reemplazar a los fiscales que lideraron los casos durante años.
Según Padilla, los equipos especiales recibían más recursos que otras fiscalías. Justificó la reorganización al señalar que todos los delitos, no solo los de corrupción, deben ser combatidos con eficacia, aunque reconoció que el nuevo modelo será evaluado por sus resultados.
Complejidad en las investigaciones contra el poder político
El abogado mencionó que los casos ligados a figuras del poder político requieren equipos consolidados y especializados debido a su complejidad.
Afirmó que el sistema fiscal debe demostrar eficacia a través de resultados y que las etiquetas como “equipos especiales” no garantizan eficiencia.
Padilla explicó que, si los fiscales que lideraban los casos emblemáticos renuncian, las investigaciones no se anulan. Destacó que los equipos cuentan con múltiples integrantes, por lo que los procesos deben continuar con normalidad.








