PCM no descarta recursos tras fallo sobre el Puerto de Chancay
El Poder Judicial ordenó que Ositrán se abstenga de regular el terminal operado por Cosco Shipping, al declarar su carácter privado y sin concesión estatal.
La Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) informó que podría hacer uso de los recursos procesales que la ley le faculta tras el fallo judicial que ordena que Ositrán se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar operaciones en el Puerto de Chancay. El pronunciamiento se dio mediante un comunicado oficial emitido el 11 de febrero de 2026.
En el documento, la PCM señaló que el proceso judicial fue iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y recordó que la inversión nacional y extranjera está sujeta a las mismas condiciones conforme al artículo 63° de la Constitución.
Fallo del Poder Judicial sobre el Puerto de Chancay
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping contra Ositrán y la PCM. La resolución corresponde a la Resolución N.° 6, emitida el 29 de enero de 2026.
El fallo dispone que Ositrán se abstenga de ejercer funciones regulatorias en el Puerto de Chancay y declara inaplicables diversas normas administrativas vinculadas a sus competencias.
Naturaleza jurídica del terminal
La sentencia determinó que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay tiene naturaleza de titularidad privada y uso público. Asimismo, estableció que la infraestructura fue financiada íntegramente con capital privado y no cuenta con contrato de concesión estatal.
Bajo estos criterios, el juzgado concluyó que no corresponde aplicar un régimen de regulación integral propio de infraestructuras concesionadas en el Puerto de Chancay.
Alcances de la intervención estatal
El fallo precisa que la intervención estatal debe ser excepcional y contar con habilitación legal expresa. También establece que imponer un régimen de regulación integral vulneraría derechos constitucionales como propiedad, libertad de empresa y seguridad jurídica.
Sin embargo, se fijó una excepción en materia tarifaria. Ositrán podrá intervenir para determinar tarifas a usuarios finales solo si Indecopi determina previamente ausencia de competencia en el mercado.
Posición institucional de la PCM
En su comunicado, la PCM indicó que, de configurarse los supuestos señalados en la resolución judicial, hará uso de los recursos procesales previstos en la normativa vigente. Reiteró que el Puerto de Chancay debe cumplir con el ordenamiento normativo peruano.
Asimismo, señaló que entidades como la Autoridad Portuaria Nacional, DICAPI, SUNAT, DIRANDRO, OEFA y la Municipalidad Distrital de Chancay ejercen funciones de control y fiscalización dentro del terminal.
Respuesta de Ositrán
Ositrán informó que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por el Poder Judicial. Indicó que, una vez reciba la notificación, evaluará las acciones correspondientes.
El organismo recordó que el marco normativo vigente le otorga facultades para supervisar infraestructuras de transporte de uso público, incluidos puertos de titularidad privada.
Pronunciamiento de Estados Unidos
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó preocupación por la situación del Puerto de Chancay. En un mensaje difundido en X señaló que respalda el derecho soberano del Perú a supervisar su infraestructura crítica.
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, calificó la situación como “alarmante” en una publicación en la misma red social.
Contexto del proyecto portuario
El Puerto de Chancay está controlado en un 60% por Cosco Shipping y cuenta con participación de Volcan Compañía Minera. El proyecto contempla una inversión estimada que superará los 3.500 millones de dólares.
La controversia sobre la supervisión del terminal se mantiene en el ámbito judicial mientras la PCM evalúa el uso de recursos procesales conforme a la ley.
La PCM informó que podría usar recursos procesales tras el fallo judicial que ordena a Ositrán abstenerse de regular el Puerto de Chancay. El Poder Judicial declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping y determinó que el terminal es de titularidad privada y sin concesión estatal. La sentencia declara inaplicables diversas normas administrativas y limita la intervención estatal, salvo en materia tarifaria condicionada a una decisión previa de Indecopi. Ositrán indicó que no ha sido notificado formalmente. Estados Unidos expresó preocupación por la supervisión del proyecto.
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