PJ admite a la Procuraduría como actor civil en caso contra Francisco Sagasti
El juez Juan Carlos Checkley admitió a la Procuraduría General del Estado como actor civil en la investigación contra Francisco Sagasti, Rubén Vargas y José Elice por presunto abuso de autoridad

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el presunto delito de abuso de autoridad.
El caso está vinculado al pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020, durante el gobierno transitorio de Sagasti.
Estado podrá solicitar reparación civil si hay condena
La decisión permite que el Estado pueda acceder al cobro de una eventual reparación civil si los investigados son hallados responsables. En su solicitud, la Procuraduría propuso que Sagasti, Vargas y Elice paguen de forma solidaria un monto de 400 mil soles a favor del Estado.
El magistrado determinó que la presentación cumplió con los requisitos del Código Procesal Penal, como el detalle del hecho investigado, la exposición de fundamentos legales y la precisión del monto reclamado.
Defensa de los investigados fue desestimada
Las oposiciones planteadas por las defensas legales de los investigados fueron declaradas infundadas. Según la resolución, no se identificaron motivos para rechazar la participación del Estado como parte agraviada en el proceso penal.
El juez respaldó la legitimidad de la Procuraduría General del Estado para intervenir en casos donde se presume afectación al interés público y a la legalidad administrativa.
Investigación fue habilitada por el Congreso
La Fiscalía inició la investigación tras la aprobación del Congreso de la República, en abril de este año, de un proyecto de resolución que dio lugar a la formación de causa penal contra Sagasti, Vargas y Elice.
El proceso penal analiza la legalidad del pase al retiro de oficiales de alto rango en la Policía Nacional durante noviembre de 2020, una medida adoptada por el Ejecutivo de transición que generó controversia institucional.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en la investigación preparatoria seguida contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el presunto delito de abuso de autoridad.
El caso está vinculado al pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020, durante el gobierno transitorio de Sagasti.
Estado podrá solicitar reparación civil si hay condena
La decisión permite que el Estado pueda acceder al cobro de una eventual reparación civil si los investigados son hallados responsables. En su solicitud, la Procuraduría propuso que Sagasti, Vargas y Elice paguen de forma solidaria un monto de 400 mil soles a favor del Estado.
El magistrado determinó que la presentación cumplió con los requisitos del Código Procesal Penal, como el detalle del hecho investigado, la exposición de fundamentos legales y la precisión del monto reclamado.
Defensa de los investigados fue desestimada
Las oposiciones planteadas por las defensas legales de los investigados fueron declaradas infundadas. Según la resolución, no se identificaron motivos para rechazar la participación del Estado como parte agraviada en el proceso penal.
El juez respaldó la legitimidad de la Procuraduría General del Estado para intervenir en casos donde se presume afectación al interés público y a la legalidad administrativa.
Investigación fue habilitada por el Congreso
La Fiscalía inició la investigación tras la aprobación del Congreso de la República, en abril de este año, de un proyecto de resolución que dio lugar a la formación de causa penal contra Sagasti, Vargas y Elice.
El proceso penal analiza la legalidad del pase al retiro de oficiales de alto rango en la Policía Nacional durante noviembre de 2020, una medida adoptada por el Ejecutivo de transición que generó controversia institucional.








