PJ dicta impedimento de salida del país contra Piero Corvetto

El Poder Judicial (PJ) dictó este jueves una medida de 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La decisión fue tomada por el juez Manuel Chuyo, quien declaró fundado el pedido de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción en una audiencia que inició a las 11:00 a. m. Esta medida se da en el marco de una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, vinculados a supuestas irregularidades en la contratación de servicios logísticos para procesos electorales previos.

La resolución judicial también alcanza a otros exfuncionarios identificados como José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos ellos son investigados por el delito de colusión agravada, luego de que las pesquisas preliminares detectaran un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de los materiales de sufragio. Según la tesis fiscal, los implicados habrían coordinado acciones para favorecer a un proveedor específico, vulnerando los principios de transparencia y libre competencia que rigen las contrataciones del Estado.

Operativos de allanamiento y rechazo de detención preliminar

La investigación, denominada "Caso ONPE", tuvo un avance significativo el pasado viernes 24 de abril, cuando el Ministerio Público, con el respaldo de la Policía Nacional, ejecutó operativos de allanamiento en diversas propiedades asociadas a Piero Corvetto. Durante estas diligencias se analizó documentación relevante para sustentar la sospecha de colusión y negligencia en el ejercicio de funciones. A pesar de la contundencia de los allanamientos, el magistrado de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta decidió rechazar el pedido de detención preliminar contra los involucrados, al considerar que la medida de impedimento de salida era suficiente para asegurar el proceso en esta etapa.

Finalmente, el tribunal también desestimó la solicitud de la fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones mediante la geolocalización de los teléfonos de los implicados, declarando dicha petición como improcedente. Con esta resolución, el Piero Corvetto y los demás investigados deberán permanecer en el país mientras duren las indagaciones que buscan esclarecer si hubo un perjuicio real al sistema electoral peruano. La fiscalía continuará con el acopio de pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en el presunto direccionamiento de contratos de la ONPE.