Poder Judicial decidirá el 4 de junio si Roberto Sánchez pasa a juicio oral

El Poder Judicial reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial de Roberto Sánchez, investigado por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo relacionado con aportes y gastos de campaña del partido Juntos por el Perú.

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán, quien informó que primero deberá resolver un pedido de nulidad presentado por la defensa antes de definir si el caso avanzará o no a juicio oral.

“Ojo, que todavía no hemos instalado la audiencia, vamos a resolver previamente la nulidad”, indicó el magistrado durante la sesión virtual realizada este miércoles.

La audiencia quedó reprogramada para el jueves 4 de junio a las 3:30 p.m., fecha en la que el juez evaluará el pedido formulado por la defensa y posteriormente decidirá “el derrotero de esta audiencia”, en referencia al futuro procesal del caso.

Situación jurídica de algunos investigados

Durante la sesión, la defensa de Roberto Sánchez sostuvo que existía una confusión respecto a la situación jurídica de algunos investigados, entre ellos el hermano del candidato, William Sánchez Palomino, debido a una resolución previa de la sala superior que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

Según explicó el abogado del líder de Juntos por el Perú “ya no tiene ninguna causa pendiente” dentro de este proceso, pues la sala habría ordenado el sobreseimiento definitivo en ese extremo.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público aclaró que el actual requerimiento de sobreseimiento no alcanza a Roberto Sánchez ni a su hermano, sino únicamente a otros investigados vinculados como presuntos cómplices.

El juez Farfán precisó posteriormente que en el proceso existen seis encausados: cuatro con acusación vigente y dos con sobreseimiento.

La investigación fiscal se mantiene por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas ante la ONPE.