Roberto Sánchez: Poder Judicial evalúa si será o no sometido a juicio oral por presunta falsedad

La audiencia de control de acusación contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, inició este miércoles en medio de un debate entre la Fiscalía y la defensa por el presunto delito de falsa declaración vinculada a aportes y gastos de campaña del partido Juntos por el Perú.

Durante la sesión virtual, la defensa legal de Sánchez sostuvo que tanto el candidato como su hermano, William Sánchez Palomino, ya no deberían formar parte del proceso por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, luego de que una sala superior declarara fundada una excepción de improcedencia de acción.

El abogado de Sánchez argumentó que, tras esa resolución, la acción penal quedó extinguida respecto a dicho delito y que, por ello, no correspondía mantenerlos vinculados a esa parte del caso. “Él ya no tiene ninguna causa pendiente, no hay hechos pendientes para él”, sostuvo la defensa sobre William Sánchez.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público precisó que el proceso contra Roberto Sánchez continúa por otros delitos que no fueron archivados por la sala superior.

La fiscal aclaró que el requerimiento de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público solo alcanza a otros investigados vinculados como presuntos cómplices en el caso y no al propio candidato presidencial.

Asimismo, explicó que la sala superior declaró infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por Roberto Sánchez respecto a los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

Durante la audiencia, el juez revisó punto por punto la resolución emitida previamente por la instancia superior para determinar exactamente qué extremos fueron archivados y cuáles continúan vigentes.

En ese contexto, se confirmó que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas sí fue archivado para Roberto Sánchez y su hermano William Sánchez Palomino; sin embargo, el proceso sigue abierto por presuntas irregularidades en la información presentada ante organismos electorales.

El magistrado indicó que la audiencia busca “transparentar y aclarar los temas” antes de continuar con el control de acusación. La sesión judicial continúa en desarrollo y el juez deberá definir si el caso pasa finalmente a juicio oral por los delitos que aún permanecen vigentes contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú.

El desconocido juicio oral que enfrentará Roberto Sánchez en los próximos días

El congresista y actual candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se encuentra a un paso de iniciar la etapa de juicio oral. La justicia le imputa el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por haber burlado presuntamente los controles de la ONPE.

Según la tesis fiscal, Sánchez, en su condición de presidente del partido, habría presentado información irreal ante el órgano fiscalizador, declarando aportes de campaña por S/ 0.00 cuando, en realidad, se habrían movilizado miles de soles a través de cuentas no oficiales.

¿Cómo se habría desviado el dinero de Juntos por el Perú?

Las pesquisas fiscales determinaron que, para las elecciones de 2018 y 2020, los aportes de los militantes no ingresaron a las cuentas institucionales del partido, sino a cuentas personales. Se detectó que S/ 204,951 fueron depositados en la cuenta de William Sánchez Palomino, hermano del candidato. 

Lo más grave es que parte de esos fondos habrían tenido como destino final la cuenta personal del propio Roberto Sánchez para su provecho particular. Un exdirigente, Leandro Cerna, denunció que el hoy congresista "se apoderó del partido" y nunca transparentó los fondos recaudados a nivel nacional.

¿Qué otras irregularidades detectó la fiscalía en su gestión?

Además del dinero en efectivo, la Fiscalía atribuye a Sánchez haber declarado ante la ONPE aportes no monetarios inexistentes por un valor de S/ 27,400 en 2020. 

Esta cifra correspondía al supuesto uso de un local partidario; sin embargo, el presunto aportante declaró a las autoridades que nunca ofreció dicho inmueble para la campaña. Por otro lado, la ONPE ratificó recientemente una multa de S/ 88,000 contra JP debido a la presentación de recibos de aportes que carecían de las firmas de los donantes.