Poder Judicial exige cierre del caso Los Niños tras 36 meses

El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación cerrar o denunciar el caso denominado “Los Niños”, que involucra a 13 congresistas investigados por presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Pedro Castillo. Esta decisión fue tomada luego de que se verificara el vencimiento del plazo máximo legal de investigación preliminar, fijado en 36 meses.

La medida judicial busca evitar que la causa se mantenga indefinidamente en un estado de incertidumbre. Según lo dispuesto, la Fiscalía deberá optar entre archivar el caso o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso, como corresponde cuando los acusados ostentan cargos públicos que les otorgan inmunidad.

Investigación apunta a red criminal liderada por Castillo

La investigación se originó por las acusaciones de que los congresistas habrían formado parte de una red criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Se les señala como el brazo político o legal de dicha red, aprovechando su posición en el Parlamento para facilitar nombramientos irregulares y proteger a funcionarios afines dentro del aparato estatal.

Entre los hechos investigados se encuentran presuntas intervenciones ilegales en el Ministerio de la Producción, Migraciones y otros organismos descentralizados. Estas acciones habrían estado destinadas al copamiento político de instituciones estratégicas, según sostiene la tesis fiscal.

Abogados exigen pronunciamiento inmediato del Ministerio Público

Ante el vencimiento del plazo de investigación, los abogados defensores de Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi —dos de los congresistas implicados— presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial. La solicitud fue admitida y dio pie a la orden de definir el futuro del caso.

Julio Espinoza, abogado penalista, indicó: “Los 36 meses que era el plazo máximo se han vencido en mayo. Ya estamos dos meses y medio en un periodo extemporáneo. Así que la Fiscalía de la Nación ya debe definir su posición en este caso”. Por su parte, el abogado Julio Rodríguez cuestionó la demora, afirmando que “se trata de una Fiscalía en crisis”.

Etapas clave del proceso pendiente ante el Congreso

Si la Fiscalía decide presentar una denuncia constitucional, esta deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Posteriormente, el caso pasará a la Comisión Permanente y finalmente al Pleno. Solo en caso de que el Congreso decida levantar el fuero parlamentario de los implicados, se podrá iniciar formalmente un proceso penal.

Julio Espinoza explicó que “la Fiscalía puede solicitar iniciar un proceso penal, pero el proceso no se va a desarrollar si es que el Congreso no levanta el fuero”. Esta prerrogativa parlamentaria se mantiene incluso cinco años después de que los implicados dejen su cargo.

Investigación reciente: levantamiento del secreto bancario

Un punto controversial del proceso ha sido la reciente solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto bancario de los congresistas investigados. Esta diligencia fue solicitada hace solo dos meses, a pesar de que constituye una de las primeras acciones esperables en un caso de corrupción.

Julio Rodríguez subrayó la demora con estas palabras: “En un delito de esta naturaleza, lo primero que tengo que levantar es el secreto bancario para ver si hay movimientos inusuales, y lo segundo el levantamiento de las comunicaciones”.

Consecuencias políticas y legales del posible archivo

En caso de archivarse la investigación, los 13 congresistas involucrados quedarían libres de proceso penal por los hechos investigados, a menos que surjan nuevas evidencias. Esta situación podría beneficiar a figuras como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López.

Aunque el archivo del caso no equivale a una absolución judicial, permitiría que los implicados mantengan su inmunidad parlamentaria sin ser sometidos a juicio, salvo por hechos nuevos.

Rol del Congreso y obstáculos procesales

Incluso si la Fiscalía opta por presentar una denuncia, el proceso enfrenta trabas políticas. La decisión de levantar el fuero corresponde al Congreso, que en otros casos similares ha mostrado posturas divididas o mayorías que han bloqueado avances en procesos contra sus propios integrantes.

En este contexto, varios analistas coinciden en que el archivo o dilación del caso podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la lucha contra la corrupción.

Críticas al manejo del caso por parte del Ministerio Público

El retraso en diligencias fundamentales como el levantamiento del secreto bancario o el análisis patrimonial ha generado críticas severas hacia la Fiscalía. Julio Rodríguez afirmó que “se trata de un caso de notorio conocimiento público, en el que la prensa tuvo un papel protagónico. No es admisible que no haya resultados concretos después de tres años”.

El caso ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación y se ha mantenido en el foco del debate público. La percepción de inacción por parte del Ministerio Público genera cuestionamientos a su eficacia institucional.

Expectativas tras la orden judicial

La orden del Poder Judicial representa una presión directa sobre la Fiscalía para que actúe en el corto plazo. Se espera que en los próximos días el Ministerio Público tome una decisión definitiva. De hacerlo, el desenlace marcaría un antes y un después en la gestión de casos emblemáticos de corrupción vinculados al Parlamento.

Por el momento, la sociedad civil, los medios de comunicación y diversos actores políticos permanecen atentos al cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial y a la respuesta institucional de la Fiscalía de la Nación.