Poder Judicial reafirma acciones en casos de abuso a niñas awajún

El Poder Judicial emitió un pronunciamiento luego del informe difundido por el programa Cuarto Poder sobre casi 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis que continúan sin sentencia en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

A través de un comunicado, el Poder Judicial ratificó su firme compromiso de sancionar con todo el rigor de la ley los delitos de violencia sexual cometidos contra menores de edad en Condorcanqui. El pronunciamiento se emitió tras la difusión del reportaje que alertó sobre la falta de justicia en estos casos.

La institución rechazó un presunto desinterés del Estado y señaló que viene trabajando de manera decidida para atender esta problemática en la zona.

Instalación de órganos jurisdiccionales especializados

El Poder Judicial informó que el 14 de enero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se constituyó en Condorcanqui e inauguró 10 órganos jurisdiccionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Entre estos se encuentran tres juzgados de familia subespecializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ubicados en Santa María de Nieva, Huampami, entre otros. Estos órganos están encargados de dictar medidas de protección y medidas cautelares a favor de las víctimas.

Logística para traslado de víctimas

Según el comunicado, como parte de la implementación del sistema especializado, se dispuso el uso de tres deslizadores grandes cerrados con capacidad para 11 o más tripulantes y seis embarcaciones abiertas tipo chalupa. Estas unidades permitirán el traslado de víctimas desde sus comunidades hasta las sedes judiciales correspondientes.

El Poder Judicial señaló que estas acciones buscan garantizar el acceso a la justicia en zonas de difícil acceso geográfico. Durante el informe periodístico también se recogieron testimonios que advierten limitaciones en otras instituciones del sistema de justicia, como la falta de personal especializado y recursos logísticos.