Proceso contra Roberto Sánchez podría prescribir en 2027, advierte Carlos Caro

El abogado penalista Carlos Caro explicó que el proceso judicial que enfrenta Roberto Sánchez aún no ha ingresado a juicio oral y actualmente se encuentra en la etapa de control de acusación, donde se debate qué pruebas serán admitidas en un eventual juicio.

Según detalló, la audiencia programada para el próximo 27 de mayo corresponde todavía a la etapa intermedia del proceso penal y no implica el inicio inmediato del juicio oral.

“Lo que hay acá es todavía la etapa de control de acusación. Se tiene que definir con qué pruebas se va a ir a juicio oral de las que ofreció la fiscalía”, señaló el penalista.

Caro indicó que inicialmente la acusación fiscal comprendería delitos vinculados a falsa declaración en procedimiento administrativo, relacionados con presuntas irregularidades en el reporte de aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El abogado explicó que, una vez culminada la discusión probatoria, el Poder Judicial deberá emitir el auto de enjuiciamiento y derivar el expediente a otro tribunal para el eventual juicio oral, proceso que todavía podría tardar varios meses.

Respecto a la coincidencia de la audiencia con el calendario electoral, consideró que no existiría una injerencia política, sino más bien un retraso del sistema judicial en el avance del caso.

“Es un caso atrasado. Si los hechos ocurrieron en el contexto de las elecciones congresales complementarias de 2020, la prescripción podría darse en enero de 2027”, advirtió.

Según explicó, el delito de falsa declaración tendría una pena máxima de cuatro años, a lo que se suma la ampliación por plazos extraordinarios prevista en la llamada “Ley Soto”, lo que llevaría la prescripción aproximadamente hasta 2027.

El penalista sostuvo que la defensa del congresista podría apostar a que el proceso llegue a prescribir antes de obtener una sentencia firme.

Candidatos tienen la obligación de declarar investigaciones y procesos en curso

Asimismo, recordó que los candidatos tienen la obligación de declarar investigaciones y procesos en curso durante sus postulaciones, especialmente cuando existen investigaciones fiscales vinculadas al financiamiento político.

“Basta que exista una condena en primera instancia para que cese una candidatura, aunque en este caso todavía no existe condena”, precisó.

Físcalía podría eventualmente evaluar otros delitos conexos

Caro añadió que la fiscalía podría eventualmente evaluar otros delitos conexos, como falsedad documental o fraude en la administración de personas jurídicas, dependiendo del desarrollo de las investigaciones y del manejo de los fondos cuestionados.

Finalmente, descartó que la condición de congresista de Roberto Sánchez haya significado un beneficio procesal especial en este caso, al señalar que no se trata de un proceso sujeto a antejuicio político o fuero especial.