¿En qué consiste la nueva inmunidad parlamentaria?

Este jueves 12 de junio, el Congreso aprobó en primera votación una reforma constitucional que restablece la inmunidad parlamentaria, con 92 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

La norma modifica el artículo 93 de la Constitución y estipula que ningún parlamentario podrá ser procesado penalmente ni privado de su libertad sin autorización del Congreso o la Comisión Permanente, desde su elección hasta un mes después de haber cesado en funciones.

Este blindaje no será inmediato. Entraría en vigor recién desde el próximo período congresal (2026), y se aplicará a los miembros del nuevo Congreso bicameral, es decir, a senadores y diputados.

¿Cuántos votos se necesitan para que la norma entre en vigencia?

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita una segunda votación calificada, que debe realizarse en la próxima legislatura ordinaria de este 2025.

Se requerirá un mínimo de 87 votos favorables para que sea ratificada e incorporada a la Constitución. De ser así, quedará lista para aplicarse en el siguiente Congreso elegido.

¿Qué cambios plantea la nueva inmunidad respecto a la anterior?

A diferencia de la inmunidad eliminada en 2021 —que era total—, el nuevo modelo propone una inmunidad parcial.

Esta establece reglas más específicas para casos de delito flagrante, como la obligación del Congreso de pronunciarse en un plazo máximo de 24 horas, y el uso del “silencio positivo” si no hay respuesta en 30 días, lo que activa la intervención de la Corte Suprema.

El objetivo declarado es equilibrar la protección parlamentaria con la necesidad de evitar impunidad.

Sin embargo, expertos y sectores críticos advierten que todo seguirá dependiendo del voto político del Congreso, lo cual podría dar pie al blindaje corporativo.

¿Qué significa el “silencio positivo” y por qué es clave?

Si un parlamentario es denunciado por un delito, el Congreso tiene hasta 30 días calendario para autorizar el levantamiento de su fuero.

En caso de flagrancia, el plazo es de solo 24 horas. Si no hay pronunciamiento, se activa el silencio positivo, lo que significa que el caso pasa automáticamente a la Corte Suprema, la cual decide si se debe proceder con el procesamiento penal.

Este mecanismo busca evitar dilaciones como las registradas en casos recientes, como el del exlegislador Freddy Díaz, que pese a estar en flagrancia de un delito, no fue detenido porque el Congreso nunca se reunió ni emitió un pronunciamiento.

¿A quiénes beneficiará esta reforma si se aprueba?

Solo aplicará a los legisladores que asuman funciones desde 2026. Es decir, ningún parlamentario del actual Congreso será protegido por esta norma.

La inmunidad regresaría como parte del nuevo sistema bicameral: senadores y diputados contarán con este fuero especial, tanto por sus actos legislativos como en procesos penales comunes.

¿Por qué se eliminó en 2021 y qué motivó su retorno?

La inmunidad fue eliminada en 2021 en medio de una ola de descrédito del Congreso y bajo el argumento de combatir la impunidad.

Sin embargo, sus defensores sostienen que la reforma fue producto de una campaña de desprestigio y populismo mediático.

Hoy, sus promotores afirman que el retorno de esta figura responde a una necesidad institucional de proteger la independencia del Poder Legislativo. Pero sus detractores temen que se convierta en un escudo para actos irregulares y favorezca el blindaje político.

¿Qué críticas genera esta propuesta?

Las principales críticas apuntan a que la inmunidad podría ser usada para blindar actos de corrupción o impedir que legisladores respondan ante la justicia.

Varios casos recientes han demostrado cómo las votaciones internas han frenado sanciones en la Comisión de Ética, incluso en situaciones con pruebas claras.

Organismos civiles han advertido que la norma puede erosionar aún más la confianza ciudadana en el Congreso, especialmente si se percibe como una herramienta de protección corporativa más que de defensa institucional.