Rafael López Aliaga: "Hay que ver una ley contra el terrorismo urbano"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró a favor de que se legisle contra el denominado “terrorismo urbano”, referido a los cada vez más violentos crímenes que cometen bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión y el sicariato en la capital y otras ciudades del Perú.

“Hay que ver esa ley porque estamos en una grave situación de terrorismo urbano. Además, la policía tiene que tener respeto. No puede ser que la policía vaya a la cárcel por hacer su trabajo. Otro tema es el de las penas. No puede ser que alguien que, por tener 16 años, no tenga una pena efectiva. Debemos reabrir El Frontón, y tenemos una cárcel para primarios. Este depende del Ejecutivo y el Congreso”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En esa línea, López Aliaga insistió en la necesidad de que las Fuerzas Armadas desplieguen tanquetas en los distritos de Lima metropolitana declarados en emergencia, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, para que tengan una “presencia disuasiva” contra la delincuencia.

NUEVA UNIDAD DE FLAGRANCIA EN CERCADO DE LIMA

López Aliaga, acompañado por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, entre otras autoridades, inauguró este lunes una nueva Unidad de Flagrancia en el Cercado de Lima.

Durante su intervención, el alcalde de Lima consideró ceder en uso locales municipales para la implementación de más unidades de flagrancia, en las jurisdicciones de Lima Este y Lima Norte, donde se registran aumento considerable de delincuencia.

La Unidad de Flagrancia alberga en un mismo local al Poder Judicial (jueces), Ministerio Público (fiscales), Policía Nacional (agentes PNP) y Ministerio de Justicia (abogados de la Defensa Pública).

El Poder Judicial puso en funcionamiento Unidades de Flagrancia en los Distritos Judiciales de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, La Libertad y próximamente en el Callao.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA?

De acuerdo con el Poder Judicial, los equipos jurisdiccionales y administrativos trabajarán con turnos permanentes de manera ordenada y planificada - incluidos sábados, domingos y feriados- durante las 24 horas, en espacios físicos contiguos y con las garantías constitucionales del debido proceso para los investigados.

Este modelo de justicia rápida reduce las pérdidas de tiempo por trámites y traslados -de un lugar a otro- del personal de las entidades y de los investigados, así como reduce cualquier riesgo de fuga.

Por esta razón, los procesos inmediatos por flagrancia concluyen en menos 72 horas. Si el procesado admite su culpabilidad y se acoge a la figura de la terminación anticipada, puede ser sentenciado en menos de 24 horas.