Rafael López Aliaga reitera que no pagará a Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó nuevamente que no realizará ningún pago al consorcio Rutas de Lima, pese a los fallos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad asumir una compensación económica cercana a los US$ 200 millones. Según López Aliaga, el contrato de concesión fue producto de un acuerdo corrupto durante gestiones anteriores.

“No voy a pagar nada. A gente corrupta no le pago nada”, declaró el burgomaestre, en referencia directa al contrato firmado en 2013. Añadió que el sistema judicial no ha sancionado con celeridad a quienes, según indicó, cometieron actos de corrupción, aludiendo al caso de la exalcaldesa Susana Villarán.

Fallo arbitral confirma obligación de pago

El 24 de junio, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó dos laudos arbitrales que favorecen al consorcio Rutas de Lima. Esta decisión ratifica un fallo previo de marzo que ya había desestimado los intentos de la Municipalidad de Lima por anular la concesión otorgada hace más de una década.

La defensa legal del municipio alegó que el contrato debía ser considerado nulo debido a presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht, entonces integrante del consorcio. No obstante, los jueces concluyeron que no se presentaron pruebas directas que vinculen esos pagos ilegales con la adjudicación del proyecto.

Origen del conflicto entre la comuna y el consorcio

El enfrentamiento legal entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima comenzó en 2017, cuando la gestión municipal bloqueó la implementación de un nuevo peaje en una de las vías concesionadas. Esta acción fue considerada como una ruptura contractual por parte del consorcio, lo que motivó la apertura de dos procesos de arbitraje bajo el reglamento de la Uncitral, con sede en Washington D.C.

Actualmente, Rutas de Lima es controlada por Brookfield Infrastructure, que ha iniciado un tercer arbitraje contra la Municipalidad de Lima. Además, Brookfield ha demandado al Estado peruano ante el Ciadi por presunta expropiación, con una solicitud de compensación que asciende a US$ 2.700 millones.

Arbitrajes y contexto legal del contrato

Los tribunales internacionales han evaluado las medidas adoptadas por la Municipalidad de Lima como incumplimientos de las condiciones contractuales. Pese a los argumentos de corrupción esgrimidos por la comuna, las decisiones judiciales han determinado que las pruebas disponibles no justifican la anulación del contrato.

El contrato de concesión, firmado en 2013, ha sido objeto de cuestionamientos desde el escándalo de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, los fallos judiciales han enfatizado la vigencia legal del acuerdo mientras no existan elementos probatorios suficientes para invalidarlo.