Reacciones por ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

La reciente propuesta de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002 ha generado un amplio debate.

Para muchos especialistas, esta normativa se presenta como una nueva ley de amnistía encubierta, ya que, aunque se presenta de manera distinta, el efecto podría ser similar.

Este caso remite a situaciones pasadas como la de Alberto Fujimori, quien, a pesar de la gravedad de los delitos atribuidos, se benefició del indulto, permitiéndole reintegrarse a la sociedad sin mayores consecuencias.  

Expertos en derecho penal han sostenido que en Perú los procesos y juicios por violaciones a los derechos humanos se han llevado a cabo respetando el principio de legalidad.

También subrayan que los enjuiciados, según los principios constitucionales, tienen derecho a que su situación jurídica se resuelva en un plazo razonable.

En muchos casos en los que se ha demandado condenas por crímenes de lesa humanidad, los condenados en realidad fueron sentenciados por delitos como asesinatos calificados, lesiones graves y torturas, utilizando tipos penales comunes que siempre han estado vigentes.

La norma actual se ampara en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si se aprueba, las sentencias contra militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarían sin efecto, aplicándose lo mismo para terroristas o cualquier otro sentenciado.

Conflicto de derechos

El problema radica en que los juicios han tomado demasiado tiempo, generando un conflicto de derechos para las personas procesadas.

Desde 2002, con la vigencia del convenio sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, los casos donde operaba la prescripción común se han reactivado y prescrito, como es el caso de Pativilca.