Rechazan apelación de Nicanor Boluarte contra el juez Concepción
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que el juez Richard Concepción Carhuancho continuará al frente del proceso contra Nicanor Boluarte, quien es investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República, contra la resolución que había ratificado la competencia del juez Richard Concepción Carhuancho en el caso denominado Los Waykis en la Sombra.
La resolución, emitida por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, confirma que el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional seguirá a cargo de la investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en agravio del Estado.
¿Qué pretendía la defensa de Boluarte Zegarra?
La apelación buscaba que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se declare incompetente para seguir con el caso.
Según la defensa, los delitos imputados a su patrocinado no cumplían con el nuevo umbral de pena mínima requerido para ser considerados dentro de un proceso por organización criminal, según la Ley N.º 32138.
La estrategia legal se basó en señalar que los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico atribuidos directamente a Boluarte Zegarra tienen una pena mínima de cuatro años.
Además, sostuvieron que el delito de cohecho pasivo propio, con una pena mínima de cinco años, solo se atribuye a otro imputado: Jorge Luis Ortiz Marreros, exfuncionario del Ministerio del Interior.
En ese sentido, argumentaron que no se justificaría mantener la figura de organización criminal respecto a Nicanor Boluarte.
Postura del Ministerio Público y de la Procuraduría
Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública rechazaron el recurso de apelación. Alegaron que el delito de cohecho pasivo propio también alcanza a Boluarte Zegarra, debido a que Ortiz Marreros habría actuado bajo su indicación, configurándose así una coautoría del ilícito.
Además, sostuvieron que la petición de declinatoria estaba mal planteada, ya que cuestionaba la tipificación del delito en lugar de abordar el tema de competencia, y que este tipo de cuestionamientos debía canalizarse mediante una excepción de improcedencia de acción.
También enfatizaron que el delito de organización criminal es autónomo, y puede imputarse a todos los integrantes, aun si no participaron directamente en los llamados "delitos fin".
Criterios del tribunal para confirmar competencia
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó que el proceso debe seguir tramitándose en el fuero especializado y enumeró tres criterios principales para su decisión:
Repercusión nacional del caso: la presunta red criminal liderada por Nicanor Boluarte habría operado en varias regiones del país mediante el copamiento de cargos públicos como prefectos y subprefectos, con injerencia también en designaciones dentro del Ejecutivo.
Complejidad del proceso: la investigación ha sido declarada compleja por un plazo de 36 meses, lo que evidencia la magnitud del caso y el número de involucrados.
Requisito de pena mínima cumplido: el delito de cohecho pasivo propio, con una pena mínima de cinco años, ha sido incluido como uno de los “delitos fin” de la organización criminal, conforme a lo exigido por la Ley N.º 32138.
Confirmación de prisión preventiva y antecedentes del caso
El caso Los Waykis en la Sombra se remonta a noviembre de 2023, cuando una investigación periodística reveló reuniones entre Nicanor Boluarte y autoridades de Cajamarca, entre ellas el entonces prefecto regional, Noriel Chingay, y el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos.
Poco después, el distrito de este último fue beneficiado con S/ 20 millones en presupuesto público.
Estos hechos motivaron que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) iniciara una investigación por colusión agravada y tráfico de influencias.
El 18 de noviembre de 2024, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, argumentando que existían graves elementos de convicción y comportamientos obstruccionistas.
La medida también alcanzó a Jorge Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez.
¿Qué se investiga en el caso 'Waykis en la Sombra'?
El Ministerio Público imputa a Nicanor Boluarte haber liderado una presunta organización criminal que habría utilizado influencias políticas para copar cargos públicos y obtener beneficios indebidos.
Se investiga también la utilización del partido político Ciudadanos Por el Perú (CPP) para fines de afiliación irregular, así como el condicionamiento de nombramientos a pagos u otros favores.
En la carpeta fiscal también figuran los nombres del abogado Mateo Castañeda, Zenovia Herrera y los hermanos Jorge y Noriel Chingay.
El rol del juez Richard Concepción Carhuancho
El juez Richard Concepción Carhuancho es uno de los magistrados más emblemáticos en casos de corrupción de alto perfil.
Su permanencia en el proceso de Los Waykis en la Sombra implica que continuará evaluando los pedidos del Ministerio Público, las eventuales audiencias de control de acusación, y cualquier otro requerimiento judicial que determine el avance del proceso.
Con esta decisión, el tribunal del Poder Judicial ha dejado firme su competencia para seguir conociendo la causa y ratifica que, al menos por ahora, el caso no cambiará de juzgado.
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