Amplían investigación contra López Aliaga por caso Panama Papers

El Poder Judicial resolvió ampliar por 24 meses el plazo de investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga, Rui Baracco Lira, Jimena Burmester Yáñez y otros implicados en el denominado caso Panama Papers. La medida fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional mediante la Resolución N.° 5, emitida el 26 de septiembre de 2025. El caso involucra presunto lavado de activos dentro de una organización criminal.

La decisión fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada en parte la solicitud fiscal que pedía una prórroga de 36 meses. Asimismo, declaró infundado el control de plazo solicitado por la defensa de Baracco Lira y Burmester Yáñez.

Fundamentos de la resolución judicial

El magistrado fundamentó su decisión en la alta complejidad del proceso. El caso abarca hechos ocurridos entre 2010 y 2018, y se extiende hasta 2021 en relación con diligencias contables.

La Fiscalía sostiene que la organización investigada habría operado con estructuras empresariales sofisticadas, incluyendo sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.

Se identifican como diligencias pendientes una pericia contable financiera de amplio espectro, declaraciones de testigos nacionales y extranjeros, y la ejecución de asistencias judiciales internacionales. El juez señaló que dichas diligencias son necesarias para completar la etapa preparatoria.

Estructura de la imputación fiscal

Según la tesis del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 operó una presunta organización criminal liderada por Rafael López Aliaga, con el objetivo de obtener y legitimar fondos de origen ilícito. Las empresas vinculadas, como ACRES Sociedad Titulizadora S.A. y ACRES Finance S.A., habrían simulado operaciones para justificar ingresos no respaldados.

El caso se basa en la inferencia razonable del origen ilícito de los fondos, lo cual, según la normativa vigente, basta para configurar el delito de lavado de activos sin necesidad de una sentencia previa por el delito fuente. La presunta falta de explicación del origen lícito de los fondos también es considerada un indicio relevante.

Esquemas de defraudación identificados

La Fiscalía identificó dos contratos irregulares entre empresas vinculadas a Rafael López Aliaga y la Caja Metropolitana de Lima. Uno de ellos corresponde a un proceso de titulización de cartera que habría generado un perjuicio estimado de S/ 9.9 millones, y el otro, a un servicio de asesoría financiera y un crédito inmobiliario que, según la Contraloría, generaron una pérdida total superior a S/ 27 millones.

En ambos casos se alega que se omitieron estudios técnicos y procesos de contratación regular, favoreciendo indebidamente a las empresas del grupo ACRES. Se acusa una simulación de operaciones y beneficios personales en perjuicio del erario.

Participación individual de los implicados

Rafael López Aliaga es imputado como autor del delito de lavado de activos en su modalidad de conversión. En su calidad de directivo de ACRES, se le atribuye el uso de estructuras nacionales y offshore para ocultar aproximadamente un millón de soles provenientes de contratos irregulares.

Rui Baracco Lira es acusado por las modalidades de conversión y transferencia de fondos. Se le vincula con el manejo de beneficios superiores al millón de soles mediante estructuras similares.

Jimena Burmester Yáñez es investigada por participar en movimientos financieros no justificados, incluyendo la constitución de una offshore con su esposo Baracco Lira.

Sociedades offshore vinculadas

El estudio Mossack Fonseca aparece como intermediario en la creación de las estructuras financieras. Se menciona a ACRES Investments Ltd (Nevada), ACRES Investments International Ltd Inc (Panamá), y PAGA Investments Ltd (Islas Vírgenes Británicas) como vehículos utilizados para ocultar la titularidad de fondos y desplazar recursos desde Perú hacia jurisdicciones de baja tributación.

Estas entidades estarían relacionadas directamente con los imputados y continúan siendo parte de la investigación activa, según la documentación presentada por la Fiscalía.

Argumentos de las defensas

La defensa de Rafael López Aliaga aceptó someterse al plazo que el juzgado estimara, asegurando haber cumplido con la entrega de documentación para la pericia contable. En tanto, la defensa de Rui Baracco Lira y Jimena Burmester se opuso a la prórroga, argumentando inactividad fiscal y vulneración al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Sostuvieron que la Fiscalía no ha fijado fecha de culminación para la pericia y que las diligencias muestran redundancias. También apelaron a jurisprudencia comparada para sustentar la solicitud de control de plazo, que finalmente fue desestimada.

Análisis del juez sobre el plazo razonable

El juez Jorge Chávez Tamariz indicó que el principio aplicable es el de “plazo razonable”, en función de la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que este principio permite valorar la complejidad del caso, la cantidad de imputados y el tipo de diligencias pendientes.

El magistrado enfatizó que los imputados no están sujetos a medidas coercitivas como prisión preventiva, lo que reduce el impacto de la prolongación. Finalmente, estableció un plazo de 24 meses como medida intermedia entre la petición fiscal y la oposición de las defensas.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga, Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez por presunto lavado de activos. La Fiscalía solicitaba 36 meses para completar diligencias clave vinculadas a operaciones con empresas offshore y contrataciones con la Caja Metropolitana de Lima. El juez Jorge Chávez Tamariz consideró razonable la prórroga ante la complejidad del caso. Rechazó también un control de plazo presentado por las defensas. La imputación contra López Aliaga se relaciona con el uso de estructuras financieras para ocultar ingresos sin sustento económico real.