Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia
En el escrito, Boluarte alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sede parlamentaria, derecho a la defensa, igualdad ante la ley, y al honor y buena reputación
La expresidenta de la República, Dina Boluarte, presentó una acción de amparo contra la resolución del Congreso que declaró su vacancia por incapacidad moral permanente.
A través de un documento de más de 40 páginas dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó anular los efectos de la medida y restituirla en el cargo.
En el escrito, Boluarte alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sede parlamentaria, derecho a la defensa, igualdad ante la ley, y al honor y buena reputación. Argumenta que no se le otorgó un plazo razonable para ejercer adecuadamente su defensa durante el trámite de vacancia.
Pide anular resolución del Congreso y retornar al cargo
Entre las principales pretensiones señaladas en la demanda, la defensa legal de Boluarte solicita que se declare la nulidad de la Resolución Legislativa 001-2025-2026, emitida el 10 de octubre de 2025, por la cual se le inhabilitó bajo la causal de incapacidad moral permanente.
Asimismo, plantea que el proceso se retrotraiga a su estado anterior a la supuesta vulneración de derechos, lo que, de ser acogido, implicaría su restitución como presidenta de la República.
Invoca efectos reparadores y pide interpretación vinculante
La acción de amparo también incluye una pretensión alternativa: que el Poder Judicial emita una interpretación vinculante respecto a los procedimientos de vacancia presidencial.
En particular, se solicita que se establezca la obligatoriedad de respetar el debido proceso, sin importar el número de votos alcanzados, y que se prohíba calificar a un presidente como “incapaz moral” sin que exista una imputación formalmente discutida y aprobada.
La defensa subraya que el objetivo es evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, promoviendo una interpretación constitucional que blinde el respeto a los derechos fundamentales en procedimientos parlamentarios.
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