Reducción de presupuesto dejaría sin vivienda a 30 mil familias

El recorte del presupuesto asignado al fondo Mi Vivienda para el año 2026 podría dejar sin acceso a una vivienda formal a cerca de 30 mil familias peruanas, advirtió José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios. Según indicó, el presupuesto ejecutado en 2025 fue de S/ 2.200 millones, mientras que el aprobado para el próximo año se ha reducido a solo S/ 1.000 millones, monto heredado de la administración anterior.

Durante una entrevista con Canal N, Espantoso explicó que esta reducción afecta tanto a familias que planeaban adquirir vivienda nueva como a aquellas que buscaban construir en un terreno propio bajo el programa Techo Propio. Estos programas forman parte del esfuerzo por cerrar el déficit habitacional del país, estimado en 1.9 millones de viviendas.

Riesgos para la inversión y el crecimiento urbano formal

Espantoso alertó que la disminución del presupuesto no solo impacta directamente en la demanda de vivienda, sino que también envía un mensaje negativo a la inversión privada. El sector inmobiliario, recordó, es el segundo en importancia dentro de la inversión privada nacional, solo detrás de la minería, y genera más de 280 mil empleos.

Además, señaló que un proyecto inmobiliario formal no se ejecuta de forma inmediata: suele tener una planificación de entre uno y cinco años, lo que requiere estabilidad jurídica y predictibilidad financiera. “No podemos agregar más incertidumbre en un año con riesgo electoral”, subrayó.

Informalidad urbana: un efecto que se agrava

El representante del sector inmobiliario advirtió que la falta de acceso a vivienda formal incrementa la ocupación informal del suelo urbano. Citando estudios del IPE y GRADE, indicó que el 93% del crecimiento urbano en los últimos 20 años ha sido informal, lo que genera consecuencias graves: desde sobrecostos en servicios básicos, hasta mayor exposición a enfermedades, inseguridad y baja calidad de vida.

Espantoso sostuvo que una política de vivienda formal impacta positivamente en salud, educación y acceso a servicios públicos, ya que nuevas urbanizaciones suelen estar acompañadas de colegios, postas médicas y conexiones a agua y desagüe.

Crédito suplementario como salida inmediata

Pese a la situación, Espantoso destacó que existe voluntad política para revertir el escenario mediante un crédito suplementario, el cual se discutiría en los primeros meses de 2026. Indicó que tanto el presidente de la República como los titulares de Vivienda y Economía han mostrado disposición para encontrar una solución.

El sector también propone una ley de financiamiento habitacional que permita dar predictibilidad al bono habitacional en los próximos cinco años, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenido de proyectos formales a nivel nacional.

Impacto directo en miles de hogares

El líder gremial finalizó advirtiendo que si no se logra una solución en los primeros meses del año, podría haber una paralización de proyectos en curso y la pérdida inmediata de acceso a vivienda para miles de familias.

“Ya nos ha pasado antes: se agotan los fondos a mitad de año y los proyectos se congelan. No podemos repetir esa historia”, afirmó.