Renovación Popular: Candidatos con sentencias e investigaciones

Una investigación periodística de Cuarto Poder ha revelado que la lista parlamentaria de Renovación Popular, partido liderado por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, incluye a 15 candidatos al Senado y la Cámara de Diputados con sentencias firmes. La mayoría de estas resoluciones judiciales corresponden al delito de omisión a la asistencia familiar, contradiciendo el discurso de defensa de la familia que promueve la agrupación política.

El informe detalla que la denominada marea celeste también incorpora a postulantes con antecedentes por corrupción, violencia familiar y accidentes de tránsito con consecuencias fatales. A pesar de los registros judiciales, varios de estos candidatos omitieron consignar sus antecedentes en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, aprovechando que la normativa actual no obliga a declarar sentencias por delitos culposos.

¿Quiénes son los candidatos con antecedentes por accidentes y homicidio culposo?

Uno de los casos más críticos presentados por Cuarto Poder es el de José Antonio Gallo Pedemonte, candidato a la Cámara de Diputados por Áncash. Gallo Pedemonte registra dos accidentes de tránsito en 1999 que derivaron en sentencias firmes por delitos culposos. En el primer incidente, atropelló a Alejandra Linares, quien denunció que el hoy candidato intentó darse a la fuga tras el impacto que le dejó secuelas físicas permanentes.

Ese mismo año, el postulante protagonizó un segundo atropello que resultó en la muerte de una anciana que realizaba labores de limpieza en la vía pública. Por este hecho, Gallo enfrentó cargos por homicidio culposo y recibió una pena de tres años de prisión suspendida. El candidato admitió los hechos durante la entrevista, pero justificó la omisión de esta información en su hoja de vida oficial asegurando que "no le pedían que lo consigne".

Ante esta situación, expertos electorales indicaron que es necesaria una modificación en la legislación para que los aspirantes a cargos públicos estén obligados a declarar no solo delitos dolosos, sino también culposos. La transparencia en el historial de tránsito y seguridad ciudadana de los candidatos es considerada vital para que el electorado cuente con información completa antes de emitir su voto.

¿Qué denuncias por violencia y enriquecimiento ilícito pesan sobre los candidatos?

La investigación también puso bajo la lupa a Temis Jhon Rivas Ochoa, candidato al Senado por Loreto, quien posee un historial legal que incluye cinco sentencias civiles por deudas impagas con instituciones financieras y municipios. Además, Rivas es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras detectarse un sospechoso incremento patrimonial que incluye la donación de una vivienda valorizada en US$ 100,000 a favor de su esposa.

El caso de Rivas Ochoa se agrava con una denuncia policial de 2018 por violencia contra la mujer. Según el documento oficial, su entonces conviviente lo denunció por agresión física e intento de abuso sexual. Asimismo, el candidato registra cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional por el presunto uso de títulos profesionales falsos emitidos por una universidad inexistente que él mismo dirigía, pedido que fue declarado infundado por la instancia constitucional en 2010.

Otro postulante cuestionado es Raúl Pinedo Mego, aspirante a diputado por Cajamarca, quien registra dos sentencias con pena suspendida por no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos en 2017 y 2020. Pinedo Mego reconoció además recibir asesoría de campaña de su padre, un exalcalde sentenciado a siete años de prisión por colusión agravada que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.