Roberto Chiabra: “Lo de Pataz es un acto terrorista”

El congresista Roberto Chiabra calificó de acto terrorista el secuestro, tortura y asesinato de trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, y denunció una falta total de respuesta oportuna por parte del Estado peruano.  

En declaraciones a la prensa, advirtió que el crimen organizado transnacional ha desafiado directamente a las autoridades, y cuestionó el manejo del Ejecutivo y sus servicios de inteligencia. 

“Este hecho es del año pasado, lo que significa que no se ha hecho un trabajo responsable. Y lo que ha sucedido ahora —con personas secuestradas, torturadas, asesinadas con un disparo en la nuca y exhibidas en redes sociales— es un típico acto terrorista. Nos están desafiando como Estado”, afirmó. 

Al respecto, el parlamentario lamentó que el Gobierno haya tardado más de una semana en reaccionar, pese a contar con alertas tempranas.

“El presidente del Consejo de Ministros minimizó la información. El 26 de abril ya se sabía del secuestro de los mineros, y recién el 4 de mayo se reacciona. ¿Qué se hizo durante todos esos días?”, cuestionó. 

Agregó que el Ejecutivo debió enviar un comando de élite y una diligencia de alto nivel para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. “No se trata de mineros informales. Esto es crimen organizado transnacional, con una estructura y un cerebro detrás”, subrayó. 

El legislador también señaló que, pese a que la minera tiene más de mil agentes de seguridad privada y apoyo limitado del Ejército y la Policía, existe tráfico de armas en la zona, lo que agrava la situación. 

Estado de emergencia 

Para Chiabra, el estado de emergencia vigente ha sido mal implementado y peor ejecutado. “Es una responsabilidad directa de quienes lo tienen a cargo. No puede haber emergencia sin control territorial real ni sin inteligencia efectiva”, dijo. 

Asimismo, criticó que el Ejecutivo siga sin ofrecer respuestas claras: “Estamos hablando de una cadena de negligencias, desde una mala inteligencia, hasta declaraciones desafortunadas, como la del premier, quien incluso dudó del secuestro inicial. Eso debería hacerlo reflexionar sobre la calidad de la información que recibe”. 

El congresista adelantó que corresponde evaluar medidas políticas como la censura del premier, interpelaciones al ministro de Defensa y al del Interior. También advirtió que el problema tiene un trasfondo social y normativo, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue prorrogado por el Congreso.