Roberto Sánchez y su consultoría en publicidad para Editora Perú

La periodista de la Unidad de Investigación de El Comercio, Fiorella Cubas, detalló en una entrevista para Canal N los hallazgos de un informe sobre el historial laboral del actual candidato presidencial Roberto Sánchez. La investigación señala que, en febrero del año 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, la empresa estatal Editora Perú - cuya función principal es publicar el Diario Oficial El Peruano, gestionar la Agencia de Noticias Andina y brindar servicios editoriales y gráfico- contrató a Sánchez como consultor comercial externo. El objetivo del servicio era identificar oportunidades de mercado y captar publicidad para el diario oficial El Peruano, una labor por la cual el Estado desembolsó la cifra de 32,000 soles.

Cubas informó en Canal N que el primer elemento analizado fue el perfil del postulante, quien es psicólogo de profesión y no contaba en su hoja de vida con estudios o trayectoria en marketing o comercialización. Al revisar los archivos de la entidad, el equipo periodístico accedió a los entregables presentados por Sánchez, los cuales consistían en dos proyectos de informe. Los documentos no consignaban carteras de clientes potenciales, planes de monetización ni indicadores de retorno financiero, elementos requeridos para sustentar una asesoría técnica en materia comercial.

El análisis técnico determinó que el nivel de los documentos presentados fue observado por la propia institución estatal. El primer entregable recibió anotaciones manuscritas y fue derivado a un analista de la entidad, identificado como Eric Lozada, para su revisión y subsanación. La reportera indicó que esta consultoría representa el único registro de Roberto Sánchez en el rubro publicitario, habiendo desarrollado cargos públicos en áreas desvinculadas de su profesión, tales como gerente de administración en las municipalidades de Huaral y Huaura, y en recursos humanos en San Borja.

Informes con datos de fuentes abiertas y propuestas que generaban egresos estatales

La reportera explicó a Canal N que el material que entregó Roberto Sánchez para sustentar el pago de 32,000 soles se limitaba a un compendio de cuadros estadísticos y capturas de pantalla extraídas de plataformas de acceso público como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv). La hipótesis del consultor consistía en detallar el presupuesto de diversas municipalidades y gobiernos regionales para argumentar que había fondos disponibles, pero el documento no acreditaba coordinaciones directas con las entidades ni propuestas de productos publicitarios específicos.

En lugar de captar inversiones o atraer clientes hacia Editora Perú, el informe final de Sánchez planteó la creación de una nueva oficina interna dentro de la estructura de la empresa. El costo operativo anual de este despacho demandaría una partida superior a los 140,000 soles en sueldos. Los expertos consultados en la investigación señalaron que dicha propuesta constituía una incongruencia frente al objeto del contrato, el cual exigía generar ingresos comerciales y no propiciar la salida de recursos públicos.

Silencio administrativo en la entidad y falta de descargos de los funcionarios

Cubas reportó que existen dificultades para acceder a la información remanente dentro de la actual administración de Editora Perú. La compañía estatal no ha hecho entrega de los Términos de Referencia (TDR) del contrato bajo el argumento del tiempo transcurrido desde 2019. Asimismo, el actual gerente de publicaciones, Ricardo Montero, evitó fijar una postura o iniciar una auditoría interna sobre el caso, manifestando que no trabaja en el cargo desde esa época. Por su parte, el presidente del directorio, el señor Aguirre, no devolvió las llamadas telefónicas del diario.

El analista que dio la conformidad posterior a los servicios de la orden de trabajo, Miguel Risco, tampoco brindó declaraciones ni descargos oficiales sobre los criterios técnicos utilizados para validar los informes de Sánchez. La periodista de El Comercio concluyó que la falta de una respuesta institucional firme deja sin esclarecer la idoneidad de la consultoría.