Roger Ruiz: “No alcanzan los 7 días para hacer control posterior”
El gerente adjunto Roger Ruiz justificó la anulación del contrato por S/ 121 millones señalando que el control posterior reveló falsedad en hojas de vida, pero no pudo hacerse antes por límites legales
El Gobierno Regional de La Libertad anunció la anulación del contrato por S/ 121 millones adjudicado al consorcio encargado del proyecto vial Trujillo–Huanchaco, luego de que un control posterior detectara inconsistencias en la experiencia profesional de integrantes clave del equipo técnico presentado por la empresa.
En entrevista con Canal N, el gerente adjunto Roger Ruiz confirmó que se emitió una resolución ejecutiva regional que declara la nulidad del contrato. La medida fue adoptada luego de que se advirtiera que al menos dos profesionales presentaron información inexacta, lo que representa una causal directa de nulidad conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.
Control posterior reveló información falsa
Ruiz explicó que, según el proceso legal vigente, los documentos entregados por los consorcios se validan en una fase posterior a la adjudicación, conocida como control posterior. En este caso, se corroboró con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que algunos ingenieros no habían desempeñado los cargos declarados, lo que obligó a anular el contrato.
“La documentación no reflejaba experiencia real de los profesionales propuestos”, indicó Ruiz. La empresa ya ha sido notificada oficialmente y el contrato queda sin efecto.
Representante legal menor de 25 años: ¿una irregularidad?
Consultado sobre la figura de Lucero Coca, joven de 23 años representante legal de la empresa, Ruiz defendió que la edad no constituye una limitación legal para representar un consorcio, siempre que se cumplan los requisitos formales.
“La ley permite que una persona mayor de 18 años represente legalmente una empresa. La capacidad de contratar con el Estado es de más de 500 millones, y ese es un criterio objetivo”, remarcó. No obstante, señaló que el problema no fue la representante legal, sino las falsedades en los documentos técnicos del equipo profesional.
Burocracia y tiempos limitados para verificar información
El funcionario reconoció que los procesos de verificación previos son limitados por ley, y que el Estado solo está autorizado a hacer control posterior tras la firma del contrato. Añadió que la respuesta de otras entidades públicas al momento de validar datos puede demorar, lo cual complica los controles inmediatos.
Finalmente, Ruiz subrayó que el principio de buena fe obliga a las empresas a presentar documentación veraz, y que cualquier falsedad detectada posterior a la adjudicación conlleva consecuencias como la anulación del contrato, tal como ha ocurrido en este caso.
Reforzando transparencia tras escándalo
El Gobierno Regional optó por anular el contrato, también como respuesta a las advertencias de la Contraloría y para preservar la transparencia institucional. Esta medida se suma a la reacción oficial tras revelaciones periodísticas sobre la falta de experiencia del consorcio y presuntas vinculaciones políticas que habían erosionado la confianza pública
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