Sector de transportistas anuncia paro para el 15 de enero

El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, afirmó que en lo que va de enero ya se han registrado ocho atentados, dos de ellos con víctimas mortales
El gremio Transportes Unidos, que representa a transportistas de Lima Sur y Lima Este, anunció un paro indefinido desde el 15 de enero en protesta por la creciente inseguridad que enfrenta el sector.
El vocero del gremio, Martín Ojeda, afirmó que en lo que va de enero ya se han registrado ocho atentados, dos de ellos con víctimas mortales.
Ojeda sostuvo que aproximadamente el 80% de las empresas de transporte urbano están pagando cupos diarios de entre 10 y 30 soles por unidad a organizaciones criminales, principalmente en Lima Este. Denunció también que muchas empresas enfrentan la presencia simultánea de tres bandas extorsivas.
Críticas al gobierno por inacción y falta de prevención
El vocero gremial criticó al gobierno por no implementar medidas efectivas de prevención. Indicó que si bien existe una unidad policial especializada, esta no cuenta con presupuesto suficiente. También cuestionó que la "Ley Jerí", orientada a enfrentar la extorsión, aún no ha sido reglamentada, y que no se ha declarado el estado de emergencia como se había prometido.
“Queremos que se fortalezcan las medidas de prevención. Si no hay presencia policial en los horarios de mayor riesgo, los ataques continuarán”, declaró Ojeda. Según datos del gremio, los atentados se concentran entre las 5:00 p.m. y 11:30 p.m., y entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m.
Distanciamiento de otros gremios y rechazo a politización
Transportes Unidos aclaró que su convocatoria al paro no está vinculada a reclamos por papeletas o antigüedad vehicular, ni responde a agendas políticas. “Sería una falta de respeto a las víctimas usar otros temas”, afirmó Ojeda.
El gremio agrupa a empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Heriberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, con más de 12.000 unidades en total. Señalan que la medida fue exigida por los propios conductores ante la falta de protección estatal.








