Transportistas dan plazo al Estado y advierten paro de 48 horas

Transportistas de Lima y Callao agrupados en el gremio Transporte Unido dieron un plazo de siete días hábiles al Gobierno para presentar un plan efectivo contra la extorsión y el sicariato. De no cumplirse este plazo, advirtieron que acatarán un paro de 48 horas que afectaría masivamente el servicio de transporte urbano. La medida fue anunciada mediante un comunicado difundido el 5 de diciembre.

En el pronunciamiento, los representantes de las empresas del Cono Norte, Sur, Este y Oeste expresaron su “profundo malestar” por lo que consideran una ineficacia del Estado frente a los delitos que amenazan la vida de conductores y usuarios. Solicitan acciones legales, operativas y presupuestales específicas para frenar la ola de violencia.

Plazo de siete días para respuesta del Ejecutivo

El gremio exhortó al Poder Ejecutivo a presentar un plan maestro de acción contra la inseguridad en un plazo no mayor a siete días hábiles. En caso contrario, anunciaron la convocatoria de un paro urbano de 48 horas.

La medida contempla la paralización de rutas operadas por empresas afiliadas en diversas zonas de Lima y Callao. El comunicado reitera la disposición del gremio al diálogo institucional con las autoridades.

Impacto estimado en Lima y Callao

Un día antes, el vocero gremial Martín Ojeda advirtió que un paro generalizado del transporte urbano podría afectar hasta 14 millones de desplazamientos diarios. Señaló que la medida tendría repercusiones directas en el acceso a servicios básicos como salud, educación y actividades económicas.

Ojeda indicó que ya se han producido tres paralizaciones anteriores de alto impacto, y que esta nueva acción dependerá de los compromisos concretos que asuma el Ejecutivo en los próximos días.

Demandas operativas contra el crimen

El comunicado oficial plantea siete medidas urgentes, entre ellas el fortalecimiento de la Unidad Operativa contra la Extorsión, la aplicación del reglamento de la Ley 32490 y la aprobación de políticas para sancionar proveedores de chips telefónicos fraudulentos.

También solicitan el bloqueo de cuentas bancarias utilizadas por redes delictivas y la modificación de las leyes 31990, 32108 y 32181, relacionadas con el tratamiento penal de delitos violentos y crimen organizado.

Ataques a unidades de transporte

Según Ojeda, al menos cinco empresas han perdido más de 25 unidades en las últimas dos semanas debido a incendios provocados por bandas extorsivas. Indicó que en algunos casos se recibieron cartas con amenazas antes de los ataques.

Uno de los atentados más recientes dejó un saldo de 18 buses quemados, además de una víctima mortal. Hasta la fecha, las autoridades no han identificado responsables directos por estos hechos.

Críticas al estado de emergencia

El dirigente gremial cuestionó que el estado de emergencia vigente no haya tenido resultados tangibles en la lucha contra el crimen.

Calificó esta medida como “un nombre sin contenido” y afirmó que la situación ha empeorado desde noviembre.

Sostuvo que, pese a compromisos asumidos anteriormente, no se ha concretado una reunión directa con el presidente de la República, a quien pidió una intervención de alto nivel político.

Falta de aplicación de normas vigentes

Ojeda también denunció que la norma de identidad reservada para denuncias no se aplica en la práctica por falta de presupuesto.

Explicó que muchas víctimas no denuncian por temor, ya que no se garantiza su seguridad.

Además, indicó que la unidad operativa contra el crimen carece de condiciones materiales para actuar y que la fiscalización de extorsiones se ve entrampada en trámites judiciales prolongados.

División entre sectores del gremio

La decisión sobre el paro será tomada tras una reunión entre representantes zonales. Ojeda precisó que mientras un grupo aún espera una respuesta formal del Gobierno, otro sector ya ha decidido avanzar con la paralización entre el 15 y 17 de diciembre.

Ambas partes coinciden en que la situación de inseguridad se ha agravado y que se requiere una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo para evitar el colapso del sistema de transporte urbano.

El gremio Transporte Unido dio al Estado un plazo de siete días para presentar un plan efectivo contra la extorsión y el sicariato. De no cumplirse, anunciaron un paro de transporte urbano de 48 horas. Denunciaron más de 25 buses incendiados en dos semanas y cuestionaron la efectividad del estado de emergencia. Exigen medidas legales y operativas, incluyendo el reglamento de la Ley 32490 y control sobre cuentas y chips usados por redes criminales. La decisión final será tomada tras una reunión gremial. El paro afectaría hasta 14 millones de desplazamientos diarios en Lima y Callao, según cálculos del sector.