Siete afiliados de APP en oficina del Congreso
Según El Comercio, la oficina de Comunicaciones del Congreso de la República tiene 44% de personal sin título universitario
Una reciente investigación de El Comercio ha revelado que el 44% del personal que labora actualmente en la Oficina de Comunicaciones del Congreso no registra título universitario válido ante la Sunedu.
De los 121 trabajadores contratados, más de la tercera parte accedió al cargo sin requisitos académicos formales, pese a que desempeñan funciones técnicas.
La revelación incluye sueldos que oscilan entre los 5 mil y 8 mil soles mensuales, en una dependencia que, según expertos, debería tener altos estándares profesionales. El hallazgo genera inquietud sobre los criterios de contratación dentro del Parlamento.
Afiliados de APP en la planilla del Congreso
Uno de los aspectos más controversiales del informe periodístico es la presencia de siete afiliados al partido Alianza para el Progreso (APP) en esta oficina.
De ellos, solo uno, Yuriko Collantes, registra título universitario inscrito ante la Sunedu, obtenido en la Universidad César Vallejo, vinculada al líder de APP, César Acuña.
Los otros seis afiliados no cuentan con estudios superiores registrados oficialmente, lo que refuerza las sospechas de que los vínculos partidarios pudieron haber primado sobre las capacidades profesionales en la contratación de personal.
Entre los casos señalados destaca la exregidora de un municipio por APP y hoy figura como trabajadora en la Oficina de Comunicaciones.
Su paso directo de la representación política a un puesto administrativo dentro del Congreso ha generado cuestionamientos sobre una posible red de favorecimientos partidarios.
Esta situación vuelve a poner en debate la transparencia en los procesos de contratación del Congreso y la necesidad de garantizar meritocracia en el acceso a cargos públicos, especialmente en áreas clave como la comunicación institucional.
Falta de exigencias académicas y laborales
La investigación también resalta que los puestos dentro de esta oficina no exigen experiencia previa ni títulos universitarios para su ocupación.
Este vacío normativo permite que profesionales sin formación técnica puedan acceder a cargos remunerados con fondos públicos, afectando la calidad del trabajo institucional y su credibilidad ante la ciudadanía.
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