Inmunidad parlamentaria: Congreso la aprueba en primera votación

La inmunidad parlamentaria vuelve al centro del debate político en el Perú. El Congreso aprobó en primera votación un dictamen que propone restablecer esta figura jurídica, suspendida en 2020, y que ha generado opiniones divididas tanto dentro como fuera del hemiciclo.

El dictamen, aprobado por mayoría en el Pleno, deberá ser debatido nuevamente en la siguiente legislatura ordinaria, tal como establece el artículo 206 de la Constitución. De aprobarse en segunda instancia, entraría en vigencia en el Congreso bicameral a partir del año 2026.

Fundamentos y justificación de la inmunidad parlamentaria

Según el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), esta prerrogativa no representa un privilegio personal, sino una herramienta para proteger la labor legislativa frente a presiones indebidas.

Rospigliosi señaló que la inmunidad parlamentaria es común en muchas democracias y su restauración busca garantizar la independencia del Congreso frente a injerencias externas, especialmente en su rol fiscalizador. Esta protección permitiría que los parlamentarios actúen sin temor a represalias judiciales por sus opiniones o decisiones.

Controles incorporados para evitar impunidad

El dictamen establece que la inmunidad no aplicará a delitos cometidos antes de asumir funciones, ni a procesos civiles o administrativos. Asimismo, no protegerá a los actuales congresistas, y su implementación está condicionada a la conformación del próximo Congreso bicameral.

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) destacó que se han incluido mecanismos de control, como el silencio positivo, para evitar dilaciones en los procesos judiciales. Soto sostuvo que la iniciativa fortalece la institucionalidad sin generar espacios de impunidad.

Críticas desde sectores opositores

Sin embargo, no todos en el Congreso comparten esta visión. La legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) expresó su rechazo a la propuesta, calificándola como un retroceso. En su opinión, la inmunidad ha sido utilizada históricamente para eludir responsabilidades, lo que ha afectado la credibilidad del Parlamento.

Luque también cuestionó que incluso en casos de flagrancia se exija la aprobación del Congreso para proceder judicialmente contra un legislador. Este aspecto ha generado preocupación en sectores que temen una regresión en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.